El presidente de la Comisión de los Derechos de las Mujeres en el Parlamento Europeo, Mikael Gustafsson, rechaza que se trate de una «injerencia en la política española». En una rueda de prensa conjunta con varios diputados europeos de la izquierda, Gustafsson ha dicho que «lo que estamos diciendo es que estas leyes son una violación de los derechos de las mujeres, porque ellas deben tener el derecho de elegir sobre sus propios cuerpos y según las circunstancias». El eurodiputado sueco ha dicho que «es mi obligación como político investigar la situación de los derechos humanos tanto si es en España como en Suecia u otro país».
También el portavoz del grupo socialista europeo, el austríaco Hannes Swoboda, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que otros países de la Unión Europea con gobiernos conservadores sigan el camino de España si esta ley llega a aprobarse. «Hay una campaña en Europa contra el aborto y el matrimonio homesexual», ha dicho.
El eurodiputado español de la Izquierda, Willy Meyer (GUE), considera que el cambio legislativo es «un paso atrás en los derechos de las mujeres» y ha recordado que se han recogido 174 firmas de los europarlamentarios de los grupos de izquierda e incluso alguno del Partido Popular Europeo. Ascensión de las Heras, portavoz de la comisión española de Igual de Género del Congreso, ha añadido que «si se permite esta ley en España, podría ser un primer paso para modificar seriamente las leyes de salud reproductiva en toda Europa.
Por la mañana unos 40 diputados se han manifestado con pancartas contra la reforma española en Estrasburgo. La francesa Marie Christine Vergiat (GUE) ha recordado que «en estos momentos solo hay 3 países que tienen derechos restrictivos sobre el aborto y tenemos que pensar en las mujeres de esos países». En Polonia se intentó prohibirlo en otoño pasado, pero el Parlamento se opuso a esta tendencia, ha dicho la europarlamentaria gala.
El debate no solo está en Estrasburgo, también hoy en Extremadura, el presidente de esa comunidad autónoma, José Antonio Monago, ha pedido al gobierno que no avance en la ley hasta que no se alcance un consenso con la sociedad».