El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció hace unos meses el propósito de llegar al «papel cero» en los juzgados con fecha 1 de enero de 2016. Con esa finalidad se aseguró que se iban a aportar los recursos suficientes para hacer posible ese objetivo. Desde Jueces para la Democracia han reclamado reiteradamente la modernización de las estructuras judiciales, la cual sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, en contraste con las mejoras que se han realizado en otras instituciones públicas. Sin duda, la incorporación de las nuevas tecnologías supondría un avance para el servicio público, si se lleva a cabo de forma adecuada.
Sin embargo, se ha constatado que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática. Como no se han creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial, los citados documentos van a tener que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel va a seguir en los juzgados. Y ello porque el proceso de modernización, tras ser anunciado a bombo y platillo por el ministro Catalá, ha estado marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales. No ha existido una actuación rigurosa, planificada con las distintas administraciones implicadas, ni con los operadores jurídicos afectados, entre ellos las juezas y los jueces. Tampoco se ha contado con los instrumentos técnicos adecuados para una iniciativa de esta relevancia.
El resultado muestra que el objetivo denominado «papel cero» era un mero anuncio propagandístico, para intentar paliar a última hora la deficiente gestión en materia de Justicia de esta legislatura. No obstante, la realidad es que este apresuramiento preelectoral lo que puede provocar son disfunciones en los juzgados y tribunales por la falta de herramientas para poner en marcha el proceso de digitalización, así como importantes problemas de armonización entre distintos órganos judiciales. Tampoco se han previsto programas de formación suficientes para hacer posible el cambio de sistema, lo cual provocará problemas de gestión que perjudicarán a la ciudadanía.
Desde Jueces para la Democracia lamentan que una transformación que podía ser ilusionante en el ámbito judicial, por las perspectivas de mejora del servicio público, se haya vuelto a convertir en una situación de incertidumbre por su uso electoralista, su descoordinación y la insuficiencia de medios técnicos para su implantación. Reclaman a los responsables ministeriales una mayor responsabilidad en sus actuaciones. Y les recuerdan que la administración de justicia merece una gestión más rigurosa, como institución en la que se adoptan decisiones especialmente relevantes sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía.
