La Unión Europea pide de nuevo Bulgaria que paralice las obras de construcción del gasoducto en su territorio por incumplir la normativa de contratación vigente en la Unión. El proyecto South Stream vuelve a paralizarse desde que empezara a flaquear con el estallido del conflicto ucraniano y tras las sanciones que la UE adoptó contra Rusia. Aunque la construcción del mismo ha despertado escaso interés informativo, podríamos asistir, de cara al invierno, a una nueva batalla diplomática con el gas ruso de por medio.
Después de que varios medios búlgaros hiciesen público un vídeo en el que se muestra como sigue llegando material para la construcción del gasoducto, la Comisión ha reiterado a Bulgaria la orden que ya diera hace meses de paralizar la construcción del gasoducto South Stream. «Esperamos que la construcción sea suspendida como ya hemos pedido y las autoridades [búlgaras] han confirmado que harán», ha señalado Chantal Hughes, la portavoz del Ejecutivo comunitario, a modo de llamada de atención al Estado Miembro.
La Comisión ya abrió «un procedimiento de infracción contra el país, puesto que el proyecto incumple las normas de contratación pública de la Unión», lo que obliga a Bulgaria a paralizar por el momento las obras hasta que Bruselas garantice que la construcción cumple, de forma «plena», la normativa europea. La portavoz no ha hablado de sanciones al país, pero deja la puerta abierta a ello, al precisar que «estamos analizando la respuesta de las autoridades búlgaras a la carta de emplazamiento formal. Cuando terminemos el análisis, decidiremos los próximos pasos».
Bajo esta apariencia de problema del ámbito más estrictamente burocrático, se esconde un proyecto, que tras ser alabado en un principio por la UE y Rusia, ahora supone un problema con Ucrania de trasfondo, pese a no ser zona de tránsito del gasoducto, por lo que Bruselas, Washington y Moscú no quieren tirar la toalla.
¿Qué es el proyecto South Stream?
El proyecto, iniciado en 2009, tiene como fin la construcción de un gaseoducto que permita a Europa abastecerse de gas ruso. Su construcción está patrocinada principalmente por el gasista Gazprom, propiedad del Gobierno ruso, y su principal novedad respecto a otras infraestructuras europeas de este tipo, es su recorrido. La tubería saldría de Rusia por el Mar Negro a modo de conducción submarina, saldría a flote en Bulgaria, y a partir de ahí trascurriría de forma terrestre por Serbia, Hungría y Austria hasta llegar al centro europeo. Otro ramal que se contempla es la llegada de la tubería a Italia por Eslovenia o Croacia. De tal forma, el nuevo gaseoducto supondría una alternativa al actual que trascurre por Ucrania, considerado la puerta de entrada a Europa del gas ruso.
Según la página web oficial del proyecto, South Stream «pretende mejorar la fiabilidad a largo plazo del suministro de gas ruso a Europa, garantizando su seguridad energética» a futuro, para cuando las previsiones indican que en «2020 se necesitarán 80 mil millones de metros cúbicos y en 2030 se podrían superar los 140 millones de metros cúbicos de gas».
El citado gaseoducto «contribuirá significativamente a la solución de este problema, al tener una capacidad de transporte de 63 mil millones de metros cúbicos por año».
La construcción del gaseoducto comenzó en diciembre de 2012 y «los primeros suministros de gas están previstos para finales de 2015». En total, cuatro ramales serán construidos con una «capacidad anual de 15.750 millones de metros cúbicos cada uno». La finalización de la obra «está prevista para 2018-2019, momento en que el gaseoducto entrará en pleno rendimiento».
Problemas que alega la UE
La Comisión Europea ha detectado varias irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto que podrían violar la legislación europea en materia energética. Sin ir más lejos, el proyecto desde sus inicios podría ser declarado nulo al contravenir varios puntos del Tercer Paquete Energético de la UE.
Éste viene a ser un paquete de medidas que tratan de armonizar y liberalizar el mercado interior de energía. Entre sus puntos, se encuentran referencias claras al libre acceso al mercado energético y su regulación común en toda Europa, la seguridad en el suministro de gas y electricidad, la protección a los consumidores, niveles adecuados de suministro, interconexiones energéticas y transparencia en los procesos de contratación de suministros. En el caso del South Stream, se habrían incumplido cuatro.
Titularidad de las redes de transporte. La Directiva sobre el gas (2009/73/CE) señala que se debe «garantizar una separación clara de las actividades de producción y suministro del funcionamiento de la red». En este sentido, Bruselas denuncia que Gazprom, tendría como fin asumir, a las ya tradicionales labores de producción, los trabajos de transporte, algo contrario a la normativa. Pese a que Gazprom en cada uno de los Estados por los que pasa la tubería, ha creado consorcios bipartitos de construcción al 50%, en los acuerdos suscritos con dichos países se asegura con «exclusividad» el comandar todas las labores referentes al gaseoducto. De esta forma, tal y como se refieren al proyecto en Bruselas, Europa «no tendría beneficio alguno más allá del cobro de impuestos». Y además, a la ya de por sí dependencia energética de la Unión, se sumaría otra derivada de la exclusividad de Rusia en la titularidad de la conducción.
Algo parecido ocurrió con el gaseoducto OPAL (ramal entre Rusia y Alemania). Hace un año, Marlene Holzner, portavoz del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, señalaba que «el caso OPAL es distinto. Rusia había aceptado que la tubería estaba en territorio de la UE y de acuerdo con ello, habían solicitado una exención del Tercer Paquete Energético, y la Comisión le había dado tal exención». Con South Stream se incumple el Tercer Paquete, pero Moscú no lo reconoce jurídicamente.
Rusia alega que ha firmado acuerdos de forma independiente con los gobiernos de Bulgaria, Serbia, Hungría, Grecia, Eslovenia, Croacia y Austria, cumpliendo la legislación de cada uno de ellos y con la de la Federación; por lo que funcionarios del Kremlin creen que la normativa europea no tiene competencia alguna en el asunto, algo que se reservaría de forma exclusiva al derecho internacional.
Firma de acuerdos unilateralmente. Que países de la Unión Europea, hayan firmado acuerdos con Moscú en materia energética, como así ocurre con Bulgaria, Hungría, Grecia, Croacia y Eslovenia; incumple con la actividad asignada a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), creada en 2010 en virtud del Reglamento (CE) nº 713/2009. Entre sus funciones, se encuentra la de «cooperar recíprocamente con las autoridades reguladoras nacionales a escala regional»; algo que estos países no hicieron al firmar los acuerdos previo análisis de Bruselas. La firma unilateral también es contraria a la Directiva 1364/2006/CE que establece orientaciones para cómo ejecutar futuras redes transeuropeas de energía y que obliga a los Estados Miembros a notificar a la Comisión sus proyectos de inversión (o los que terceros lleven a cabo en el país) en infraestructuras energéticas.
Perjuicio a la competencia. Según la Comisión, en caso de que Grazprom se decidiera por ejecutar una única labor (producción o transporte, ambas es incompatible), ésta tampoco podría hacerla de forma exclusiva. «Se debe asegurar el acceso no discriminatorio a la infraestructura [deben poder acceder otras compañías]. Grazprom no puede hacer uso de un derecho exclusivo como cargador de la tubería».
Fiscalidad y tarifas de uso. Oettinger ha dado un toque de atención a Bulgaria por comprometerse con Grazprom a imponerle un régimen fiscal favorable, lo que «incumple la normativa sobre ayudas estatales de la UE». Por otra parte, al parecer Bulgaria, también habría asegurado a Moscú que las tarifas por uso de la tubería, en el tramo de su país, serían puestas por Sofia; algo para lo que no tendría competencia alguna, siendo exclusiva de la UE.
«La Comisión ha examinado estos acuerdos intergubernamentales y llegó a la conclusión de que ninguno de los acuerdos está en conformidad con la legislación de la UE», señalaba en diciembre del año pasado Klaus-Dieter Borchardt, director de mercados de la energía en la Comisión Europea. Por tanto, desde Europa parece clara la inviabilidad del proceso.
Cuestiones de trasfondo
La respuesta rusa a las alegaciones que Europa está presentando desde octubre del año pasado, se producen vía Gazprom. En un comunicado escrito emitido por la gasista el 6 de diciembre de 2013, culpaba a la «Comisión de expresar su preocupación sólo ahora, después de que hayan comenzado las obras de construcción. Esta coincidencia temporal es aún menos comprensible dado que a South Stream se le ha concedido la condición de prioridad nacional en varios estados miembros de la UE». Y en esa «coincidencia temporal incomprensible» está la clave del rechazo europeo al proyecto.
La negativa de la UE coincide con el conflicto ucraniano. Ésta ex república soviética, se ha constituido como un campo de batalla en el que occidente (Europa y EE.UU) y Rusia hacen uso de una lucha diplomática que no alcanzaba tal gravedad desde la Guerra Fría. El modo de respuesta adoptado por un lado y otro han sido las sanciones económicas a modos de restricciones al comercio y a los productos financieros a fin de socavar la economía del contrario. En este paquete de sanciones, entra en juego el tan temido gas para los europeos y el tan sobrante para los rusos.
Rusia, con la construcción de este gasoducto podría querer ahogar económicamente a Ucrania. Por el país, pasa una cifra cercana a los 84 mil millones de metros cúbicos de gas al año, lo que supone unos ingresos para el país de 2.000 millones de euros anuales procedentes del cobro de impuestos de tránsito a la gasista rusa. De ponerse en marcha el South Stream, éste tendría capacidad de transportar 64 mil millones de metros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 75% del total de gas que pasa por Ucrania dejaría de hacerlo.
La ruta alternativa también serviría para que Rusia adoptase la estrategia del doble filo. Por un lado, contentaría a Europa que se vería abastecida de gas ruso y por otro, podría reducir drásticamente el suministro de forma individualizada a Ucrania sin perjudicar al resto de Europa y sin generar una subida de precios en la Unión fruto del menor abastecimiento.
Pero en los círculos de Bruselas ven que la tranquilidad de Europa duraría poco, ya que de ejecutarse el proyecto en los términos que propone Moscú, a largo plazo, los países firmantes de los acuerdos se verían atados de pies y manos por el monopolio que sobre la tubería tendría Gazprom. Al que Europa considera como una «extremidad más del Kremlin» que pretende hacer frente a la Unión con una estrategia de «divide y vencerás». Estos países, de los más pobres de la Unión, han visto en el proyecto un efecto multiplicador para sus economías con el que no saben qué hacer: si seguir adelante y verse sancionados por Bruselas o paralizarlo y perder los ingresos prometidos por Gazprom. Parece que la segunda opción es la más secundada por el momento, ya que tras la paralización en otros países, Bulgaria ha anunciado que hará lo propio hasta nueva decisión de la Comisión.
Otro aspecto que merece la pena destacar es la decisión que el Gobierno ucraniano adoptó el pasado 14 de agosto y que ratificó el Parlamento por la que el país venderá el 49% de las participaciones del operador que gestiona los gasoductos del país a inversores de EE.UU y Europa. La medida les garantiza el derecho de «concesión, dirección o arriendo» de los gasoductos; mientras que la propiedad del sistema de almacenamiento del gas, queda en manos al 100% del Estado.
De entrar en funcionamiento el South Stream, Rusia podría elegir esta conducción como salida principal de su gas y los inversores europeos y norteamericanos solo habrían comprado chatarra en Ucrania. Por ello, Washington apoya tácitamente a la UE en su intención de paralizar las obras. Aunque también lo ha hecho expresamente, ya que en una de las múltiples paralizaciones del proyecto ordenadas por Bulgaria, una de ellas se produjo tras una reunión entre el Gobierno del país y una delegación estadounidense, en la que se encontraba el candidato republicano a las presidenciales de 2008, John McCain.
Finalmente, Europa estaría utilizando la cancelación del proyecto como moneda de cambio en beneficio de Ucrania. Es decir, Bruselas paralizaría o pondría las cosas muy difíciles a Moscú para la construcción del gasoducto en caso de que Rusia presione a Ucrania. Hace dos semanas Arseni Yatseniuk, primer ministro ucraniano, señalaba que su país necesitará unos 5.000 millones de metros cúbicos de combustible ruso este próximo invierno. De satisfacer Rusia esta demanda y no cobrar un precio abusivo, Europa estaría dispuesta a ceder respecto a la tubería (proyecto estratégico para Gazprom, junto a los firmados con China).
Para tratar estos asuntos, el pasado viernes se reunieron en Moscú Alexandr Novak, ministro de Energía ruso y Oettinger, comisario europeo del ramo; como preludio de las próximas negociaciones a tres, entre Bruselas, Moscú y Kiev, para asegurar el futuro acuerdo que deberán firmar respecto a las cuotas de gas de cara al invierno. En vísperas de la misma, Novak señalo que «si el conflicto de gas no se zanja, Europa podría enfrentarse a problemas de suministro durante el próximo invierno», por lo que la necesidad de un acuerdo, del que no hay visos por el momento, parece evidente. Lo que sí está claro es que asistimos a un nuevo conflicto con el gas ruso del que Europa depende. De cómo Bruselas capee la situación, depende que el Kremlin cierre o no la llave.
