Solo han votado 7 de los 15 jueces del Tribunal. El presidente del órgano judicial, ha explicado que algunos artículos «violan la garantía de seguridad en el empleo» y el «principio de proporcionalidad» que recoge la Constitución lusa aprobada en 1976.

Con esta normativa el gobierno del conservador Pedro Passos Coelho quería reducir el número de trabajadores públicos, que en Portugal son unos 600.000, el 13% de la población laboral. El gobierno quería imponer la «movilidad especial», que supone que una parte de los funcionarios se desvinculan laboralmente de su trabajo y si no encuentran una colocación en la empresa privada pasan de nuevo a integrar una lista de espera sin cobrar ningún sueldo o cobrar directamente el paro.