El presidente checo, Vaclav Klaus, se ha salido con la suya. Como no podía ser de otra forma, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han accedido a sus peticiones. El Tratado de Lisboa tendrá una declaración conjunta, por la que la República Checa no tendrá que aplicar el protocolo 30 de la Carta de Derechos Fundamentales del Tratado, una exención que ya obtuvieron en su día Polonia y Reino Unido.

Klaus, en su último intento de obstaculizar la firma del Tratado, reivindicó ese gesto de los 27 para evitar que los alemanes expulsados de Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial pudieran exigir la devolución de sus bienes expropiados. La fórmula encontrada por la presidencia sueca complace al checo, sin necesidad de tener que volver a ratificar el Tratado.

El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, confía en que «los países vecinos de la República Checa acepten esta solución», en referencia a Eslovaquia, que llegó a pedir la misma exención, o a las reticencias de Alemania, Hungría y Austria.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, felicitó a los suecos por «el trabajo bien hecho para levantar el último obstáculo hacia la firma de Lisboa».

Queda, sin embargo, otra prueba por superar, la resolución del Constitucional checo sobre el recurso presentado por senadores próximos a Klaus, que ven una invasión de competencias de la UE en la legislación checa con el nuevo Tratado. El Tribunal ya se pronunció en su momento a favor de la constitucionalidad de Lisboa y ahora resolverá el nuevo recurso el 3 de noviembre. Si, como se espera, la resolución es favorable a la UE y Klaus firma el mes que viene, el Tratado de Lisboa entraría en vigor el 1 de diciembre.

Por eso, con la boca pequeña, los 27 han empezado a hablar de los nuevos nombramientos que prevé el documento. De lo que se dijo ayer en los pasillos y reuniones de la Cumbre Europea parece que el primer ministro británico, Tony Blair, pierde fuerza para ser el primer presidente estable de la UE.