El Rana Plaza, un edificio de ocho pisos que alojaba a cinco fábricas textiles en Dacca, se desplomó el 24 de abril de 2013. Además de los numerosos muertos, el accidente dejó lesionadas a más de 2.500 personas en el país de Asia meridional de 156 millones de habitantes.

En su momento, los trabajadores tuvieron la esperanza de que la tragedia acabaría con los abusos laborales. Pero el informe de HRW, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, indica lo contrario.

Basado en entrevistas con unos 160 trabajadores de 44 fábricas, principalmente dedicadas a la confección de prendas vendidas por empresas minoristas en Australia, Europa y América del Norte, el informe publicado este jueves 23 concluye que las normas de seguridad en Bangladesh siguen siendo malas, que los abusos laborales son comunes y que el acoso sindical, incluidos los ataques violentos y la intimidación a los sindicalistas, son la norma.

Algunos de los entrevistados dicen que fueron golpeados con hierros. Otros denuncian que sus familias fueron amenazadas de muerte. Una embarazada habría sido agredida con barras de cortina metálicas. Para miles de los cuatro millones de personas que trabajan en el sector textil, este tipo de brutalidad es parte de su vida cotidiana, según HRW.

Aunque no sufran agresiones físicas, las y los trabajadores de las aproximadamente 4.500 fábricas que componen la enorme industria de la vestimenta en Bangladesh casi seguramente padecen otras injusticias, como horas extras no remuneradas, abusos sexuales o verbales y condiciones de trabajo inseguras e insalubres.

Tras el accidente del Rana Plaza en 2013, los funcionarios gubernamentales, poderosas asociaciones comerciales y empresas extranjeras que compran la ropa confeccionada en Bangladesh se comprometieron a remediar los fallos en el sector textil, que exporta 24.000 millones de dólares en mercancías por año.

A lo largo de la cadena de suministro se prometió que una tragedia de este tipo no volvería a repetirse jamás. Pero esas promesas no se han cumplido.

La violación de las leyes laborales

En diciembre de 2014, el gobierno de Bangladesh aumentó el salario mínimo de los obreros de 39 dólares a 68 dólares mensuales. Si bien fue un avance considerable, los trabajadores pretendían un mínimo de 100 dólares al mes.

Por otra parte, la aplicación ha sido lenta. Según Moshrefa Mishu, presidenta del Foro de la Unidad de los Trabajadores Textiles, que representa a 80.000 trabajadores, solo el 40 por ciento de las empresas cumplen con la ley del salario mínimo.

Mishu señala que las mujeres, que constituyen el grueso de la mano de obra del sector, son el «alma» de esta industria vital que produce el 80 por ciento de los ingresos por exportación y aporta el 10 por ciento del producto interior bruto anual del país. Sin embargo, son víctimas de «salarios de explotación» debido a que los minoristas exigen precios competitivos, añade.

De hecho, muchos propietarios de fábricas concuerdan con que la presión de las empresas que hacen pedidos a granel para agilizar las líneas de producción y mejorar los márgenes de ganancia contribuyen a la mala situación laboral, ya que los minoristas de marca rara vez incluyen el factor del cumplimiento de las normas de seguridad y laborales en su cálculo de costes.

Los «costes financieros son pesados para los propietarios de las fábricas», asegura Meenakshi Ganguly, directora de HRW en Asia meridional. «Ellos argumentan que una pequeña transacción sobre el margen de ganancia puede hacer mucho para ayudar a las fábricas de Bangladesh a cumplir» las leyes, nos dice.

Dondequiera que esté la culpa del incumplimiento, son innegables las consecuencias negativas para los trabajadores, y especialmente para las obreras.

Una encuesta realizada en abril de 2014 por la organización internacional no gubernamental Democracia Internacional revelaba que el 37 por ciento de los trabajadores habían denunciaron que no se les pagaba la licencia por enfermedad, y el 29 por ciento carecía de la licencia de maternidad remunerada.

A quienes no cumplan con las metas de producción se les descuentan los salarios, mientras que la investigación de HRW indica que «los obreros en casi todas las fábricas» investigadas se quejaron de no recibir los sueldos o beneficios en su totalidad o a tiempo.

Las horas extras sin el consentimiento de los trabajadores son sumamente comunes, así como las pésimas instalaciones de saneamiento y el agua potable contaminada.

La negociación colectiva, un negocio arriesgado

Ante esta situación, muchos trabajadores son conscientes de que su mejor oportunidad para obtener condiciones dignas de trabajo radica en su capacidad de negociación colectiva. Pero el acoso sindical y otras actividades antisindicales son habituales en el sector textil, y muchos sindicalistas son golpeados hasta que se someten y decenas de personas aterrorizadas para mantenerlas dóciles.

Aunque Bangladesh ratificó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva, quienes intentan ejercer esos derechos se enfrentan a duras represalias.

«Fui arrestada y encarcelada siete veces, pero me dejaron en libertad porque no encontraron pruebas contra mí», destacó Mishu, del Foro de Unidad de los Trabajadores Textiles. «El único cargo del que me acusan es el de hablar a favor de los trabajadores. Cada vez que alzamos la voz contra los propietarios de las fábricas textiles, en lugar de negociar con nosotros aplican la fuerza para silenciarnos».

El testimonio de Mishu refleja numerosos incidentes similares registrados en el informe de HRW, que incluye un ataque en febrero de 2014 contra cuatro activistas de la Federación de Bangladesh por la Solidaridad Obrera, por el cual uno de ellos quedó herido de tal gravedad que debió pasar 100 días hospitalizado. Su único «delito» fue ayudar a los empleados de la fábrica de propiedad coreana Chunji Knit a llenar formularios de inscripción al sindicato.

«Encontramos que los propietarios de las fábricas... emplean a matones locales para intimidar y atacar a los organizadores sindicales, a menudo fuera del predio de la fábrica», explicó Ganguly, de HRW. «Y entonces alegremente niegan su responsabilidad diciendo que los ataques no tuvieron nada que ver con la fábrica», añadió.

En uno de los peores ejemplos de actividad antisindical, HRW informó que el activista Aminul Islam fue «secuestrado, torturado y asesinado en abril de 2012, y hasta la fecha no se ha encontrado a sus asesinos».

Aunque las reformas, duramente conquistadas, elevaron el número de sindicatos registrados oficialmente en la Dirección de Trabajo de apenas dos en 2012 a 416 en 2015, la representación sindical sigue siendo escasa. Solo el 10 por ciento de las fábricas textiles están sindicalizadas en Bangladesh.