Años después, precisamente el agua ha sido la temática de la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) culminada con éxito. Dos millones de firmas han declarado el acceso al agua y al saneamiento como «un derecho humano en la legislación europea y, como consecuencia, en las legislaciones nacionales, para asegurar de ese modo una gestión pública, democrática, transparente y ecológica». De momento, la respuesta de la Comisión Europea ha sido favorable en lo relativo al derecho humano, dejando a un lado la apuesta de una legislación que trate al agua como un bien público y de gestión pública.

Las organizaciones involucradas en la ICE, bajo el nombre de Movimiento Europeo del Agua, han convocado una concentración el lunes 23 de marzo (el domingo 22 es el Día Mundial del Agua), a las 12.30 horas en la plaza de Luxemburgo de Bruselas, para exigir que «el agua sea declarada un derecho humano fuera de cualquier acuerdo comercial». Consideran que un año después de la llamada respuesta «positiva» de la Comisión Europea a la ICE no ha habido ninguna acción. «Estamos esperando a la CE para aplicar el derecho humano al agua en la UE y para detener su mercantilización», apuntan los convocantes, entre los que figura la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos.

«La falta de medidas concretas por parte de la Comisión Europea hace que sea importante continuar con la presión», apuntan para justificar la convocatoria. Piden además a la Unión Europea y a los Estados miembros que el acceso al agua y al saneamiento sea tratado como un derecho humano y que dejen de promover la privatización y la liberalización; consideran por ello necesario la exclusión inequívoca de los servicios de agua y saneamiento en todo acuerdo comercial, como el TTIP (acrónimo en inglés para el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión con EE UU), el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio con Canadá), y el TISA (Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios con la Organización Mundial del Comercio), entre otros.

A pesar de no existir cifras oficiales, se estima que en Europa todavía queda cerca de un millón de personas que no tienen acceso a agua de buena calidad, y que hay otros ocho millones de personas sin servicios de saneamiento, algo que ocurre sobre todo en países del Este como Rumanía y Bulgaria, según los datos del Movimiento Europeo del Agua.

Campaña en Holanda

El agua del grifo de Holanda es de las mejores del mundo. En este país se acaba de poner en marcha la campaña '#THANKYOU for tap water', con el objetivo de hacer consciente a la ciudadanía del valor del agua y lograr el mayor número posible de 'agradecimientos' para el Día Mundial del Agua.

Los organizadores de la campaña holandesa apuntan que el agua embotellada es mil veces más cara que la del grifo. Recuerdan además que la producción, el envasado y su transporte emite 500 veces más dióxido de carbono que la misma cantidad de agua del grifo, sin olvidar los residuos y los plásticos que en muchas ocasiones acaban en los océanos.

Tarifa social en Grecia

La empresa de aguas de Tesalónica, EYATH, la misma que estuvo a punto de ser privatizada, acaba de poner en práctica una tarifa social que permite a las familias más empobrecidas recibir 30 metros cúbicos de forma gratuita cada cuatro meses. Esto se aplica a los hogares de bajos ingresos con una renta inferior o igual a 8.000 euros anuales. Además, para el consumo de entre 31 y 80 metros cúbicos existen descuentos del 50 por ciento en la factura.

En España, #iniciativagua2015

En pleno ciclo electoral, España ha lanzado el 'Pacto social por el agua pública'. La llamada #iniciativagua2015 es un compromiso para garantizar la gestión pública, integrada y participativa del agua en la que han participado más de 300 organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamiento en municipios como Sevilla, Jerez, Priego, Málaga, Córdoba y Murcia. También en Madrid y Zaragoza se han impulsado acuerdos similares.

En el Estado español no existen datos de cortes de agua por impagos de factura, si bien las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) indican que se tramitan anualmente más de 500.000 avisos, de los que se ejecutan un 60 por ciento, es decir, 300.000 cortes que podrían afectar a casi un millón de personas.

«La desconexión de los servicios de agua por falta de pago debido a la escasez de medios constituye una violación del derecho humano al agua y otros derechos humanos internacionales», ha reconocido la ONU en varias ocasiones.