El supuesto «default», un caso inédito en el capitalismo mundial, sienta un precedente jurídico, político y financiero, que insta a medidas concretas, sobre el tenue límite entre lo legal, lo ético y lo delictivo de la usura en los negocios.

La discusión enfrenta a actores diversos. Desde los que desde los sectores financieros ortodoxos, consideran que al incumplir la sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa, Argentina entró en suspensión de pagos (default, en inglés), a los que sostienen que honró sus pagos, y que es ajena a que los fondos lleguen a su destino.

«Impedir que alguien pague no es default», planteó la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional la noche del 31 de julio, tras una fracasada reunión con los llamados fondos buitres, altamente especulativos, para destrabar el conflicto.

«Ahora inventaron una nueva: el default selectivo. No existe. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra», ironizó.

El 30 de julio, en una reunión en Nueva York con funcionarios argentinos, el mediador puesto por el tribunal de su Distrito Sur, Daniel Pollack, rechazó la nueva oferta de canje de la deuda externa argentina, que entró en impago en 2001, por unos 100.000 millones de dólares.

Se ofrecían condiciones similares a los que aceptaron el 92,4 por ciento de los tenedores de bonos de la deuda en impago, durante los canjes que se negociaron en 2005, durante la Presidencia del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y en 2010, ya con su sucesora Fernández en el gobierno.

Ese día vencía el plazo para que se acreditara en las cuentas de esos tenedores, llamados bonistas en Argentina, el depósito de una cuota de 539 millones de dólares, que el gobierno hizo para el vencimiento del 30 de junio en el Bank of New York (BoNY) y que se paralizó por mandato de Griesa.

«Desafortunadamente no hubo arreglo y Argentina entrará inminentemente en default», comunicó Pollack. «El default no es solamente un tecnicismo. Es un evento real y doloroso que dañará a la gente», amenazó. Durante una audiencia en el tribunal este viernes 1, la parte argentina trató sin éxito que el juez lo quitara como mediador por esas expresiones.

Algunas calificadoras de riesgo colocaron ya la deuda argentina en «default selectivo», mientras que el juez evitó la palabra durante esa audiencia, aunque dijo que «lo que está claro es que no hubo pagos». «Se habla de engendros: default técnico, default Griesa. Griefault. Nadie sabe caracterizarlo porque es nuevo, dice el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.

Alejandro Drucaroff, un abogado especialista en bancos y finanzas, nos dice que los canjes aceptados por casi todos los acreedores «implicaron quitas de capital e intereses muy importantes y la aceptación por los bonistas de plazos muy largos para el pago». A cambio, Argentina les ha abonado puntualmente hasta ahora, enfatiza.

El resto, en inglés 'holdouts', solo un 7,6 por ciento del total, no aceptó. Algunos vendieron sus títulos impagados a fondos buitres, los altamente especulativos, cuyo negocio es comprar bonos 'basura' para después tratar de recuperar en la justicia el 100 por ciento del valor nominal.

Griesa inició en 2003 el juicio contra Argentina, a demanda de dos de esos fondos, con el uno por ciento de la deuda original. En 2012, el juez ordenó pagarles al contado el 100 por cien del valor más intereses, lo que suma 1.500 millones de dólares.

El 16 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló ese fallo, que también prohibía que Argentina pagase la deuda reestructurada si no hacía lo mismo con los demandantes. «Esa prohibición, sin fundamento jurídico alguno y dictada al margen de sus facultades legales, no tiene efecto práctico porque la Argentina pagó de todos modos el vencimiento», observa Drucaroff.

Pero «advertido» por Griesa de que transferir los fondos a las cuentas de los bonistas violaría su fallo, el BoNY retuvo el pago.

«Griesa no tiene facultades para impedir que Argentina pague deudas a terceros que no son parte del juicio. Tampoco tiene facultades sobre fondos que no son del país, no puede embargarlos», sostuvo el abogado.

«No hay default», pero en cambio «se plantea una situación jurídica absolutamente inédita», dice.

«El BoNY deberá dar cuentas al 92,4 por ciento y a Argentina por no cumplir su función. Podrá decir que actúa así porque de la sentencia de Griesa se desprende que pueden imputarle desacato al juez y, a mi criterio, en tal caso Griesa será también responsable de haber impedido que el dinero llegue a los acreedores», analiza.

Para la economista de la Universidad de Buenos Aires Fernanda Vallejos, la letra de los contratos establece que el default solo se produciría «si Argentina no pagara». Pero el país «no solo tiene vocación y capacidad de pago, sino que ya pagó y lo va a seguir haciendo», dice.

Eso, a su juicio, es independiente de las calificadoras de riesgo, «que en su afán de habilitar el negocio financiero a los buitres, por el cobro de seguros contra default», inventan figuras como el impago selectivo, «que no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con la solvencia financiera de Argentina».

El problema, aduce el gobierno, no son los 1.500 millones de dólares exigidos por el juez y los demandantes, sino en cómo se multiplicaría esa deuda, si los bonistas que aceptaron las quitas pleitearan para que se les pague lo mismo, al otorgar mejores condiciones a otros.

El gobierno cita valores de hasta 500.000 millones de dólares, lo que retrotraería a la gravísima crisis que ocasionó el impago de 2001.

«Semejante derrumbe de las reservas no solo afectaría el comercio internacional, sino que volvería ingobernable la paridad cambiaria; por tanto, el resto de las reservas terminaría corriendo la misma suerte, se terminarían fugando en el vano intento de frenar la estampida del precio del dólar», vaticina el analista político Alejandro Horowicz.

Vallejos advirtió que el fallo desestimula toda reestructuración de deuda soberana, por favorecer «a una pequeña minoría, que se corresponde con la cara más salvaje del capital financiero internacional». «¿Quién aceptaría una reestructuración como la argentina, si litigando en tribunales de algún país se puede obtener ese nivel de rentabilidad cobrando el 100 por cien del valor nominal?», cuestiona.

Para la economista, se requiere un marco regulatorio internacional «que preserve los procesos de reestructuración de la deuda soberana» y «ponga límite a la absoluta desregulación de los mercados financieros que avasallan Estados y someten a los pueblos».

Los fondos buitres ya están en la mira de gobiernos y organismos internacionales, en los que crece el consenso para que se les controle.

Casi todos ellos «estuvieron involucrados en la última crisis financiera internacional (estallada en 2008) mediante maniobras de especulación muy variadas y, en muchos casos, directamente delictivas», recuerda Drucaroff.

«En teoría buena parte del sistema financiero 'formal' los repudia y los considera contrarios a la 'ética' de los negocios. Pero no se ha dado ningún paso concreto para limitar sus actividades que, en un alto porcentaje, se realiza a través de paraísos fiscales», sostiene.

Un tema en el que el 'default' o no 'default' argentino es apenas uno de los lados del iceberg.