El «raro fenómeno meteorológico», que también afectó a Santa Lucía y a San Vicente y las Granadinas, mató a 13 personas y destruyó plantaciones e infraestructuras. Según funcionarios, el impacto de esas lluvias torrenciales, de las inundaciones relámpago y de los deslizamientos de tierras se concentró en las zonas más pobres. Apenas seis meses antes, en julio de 2013, la tormenta tropical Chantal había abatido el extremo sur de Dominica. La más afectada fue la diminuta comunidad sureña de Gallion, con menos de 100 habitantes.
El desastre del 24 de diciembre «causó angustia y ansiedad, dejando a muchos sin saber qué hacer», explica Corriette. «No solo en Dominica, sino en la región y en el mundo, hemos visto algunas diferencias muy significativas en los patrones meteorológicos de los últimos 30 o 40 años que indican que algo está ocurriendo, y probablemente tenemos que vincularlo con el cambio climático», señala.
«Están aquellos que no creen en esa teoría, pero nosotros lo hemos visto desarrollarse frente a nuestros ojos: el derretimiento de los glaciares en las regiones del norte, la expansión de las tierras secas en África y otros lugares, y mayor intensidad de las lluvias en las islas caribeñas», agrega Corriette.
Un plan para mejorar el drenaje en la comunidad de Mero servirá de demostración de cómo reducir los impactos de las inundaciones para el resto del país. Esta iniciativa es parte del proyecto Reducción de Riesgos Resultantes del Cambio Climático para los Bienes Humanos y Naturales (RRACC, por sus siglas en inglés), administrado por la Organización de Estados del Caribe Oriental y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
RRACC desarrolló en julio de 2010, una serie de reuniones con representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sector privado y agencias donantes, para discutir sobre variabilidad climática, cambio y adaptación en la región del Caribe. Estas reuniones fueron convocadas por Usaid, la Organización de Estados del Caribe Oriental y la Unidad de Manejo de la Zona Costera de Barbados.
Luego Usaid formuló un marco quinquenal (2011-2015) de estrategia para la adaptación al cambio climático en el Caribe, financiado por Estados Unidos como parte del compromiso asumido en las negociaciones climáticas de la ONU que tuvieron lugar en 2009 en Copenhague.
En San Vicente y en Santa Lucía, más de 30.000 personas afectadas por las inundaciones de diciembre de 2013 empezarán a recuperarse y a restablecer mercados y servicios como agua y electricidad mediante 36 millones de dólares aprobados por el Banco Mundial en el marco de la Ventana de Respuesta a la Crisis de la Asociación Internacional para el Desarrollo. Se estima que las pérdidas totalizaron 108 millones de dólares, lo que equivale al 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) de San Vicente y las Granadinas, y 99 millones, o el ocho por ciento del PIB en Santa Lucía.
«Nunca olvidaremos a quienes perdieron sus vidas por este desastre, y nos valdremos de sus muertes para despertar a la nación entera a la realidad de que somos un país muy vulnerable a los desastres naturales y a los impactos de la variabilidad climática», explica el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.
El desastre ocurrió en plena temporada turística. Aunque se desconoce el impacto financiero total, está claro que afectó a los sectores agrícola y turístico, que experimentarán contracciones en los dos países.«Aunque los servicios y el transporte se han restablecido, será necesario asumir esfuerzos paralelos para movilizar recursos a fin de estabilizar, rehabilitar y reconstruir infraestructura dañada», apunta el primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony.En las primeras semanas posteriores al desastre, el Banco Mundial logró recaudar 1,9 millones de dólares de emergencia para apoyar la recuperación. «Los esfuerzos de reconstrucción son cruciales, pues la temporada de huracanes en el Caribe se aproxima», recuerda Sophie Sirtaine, directora del Banco Mundial para la región. «Nuestro apoyo financiero no solo reconstruirá infraestructuras vitales y estimulará la economía, sino que también ayudará a crear resiliencia climática a largo plazo».
A inicios de abril, Santa Lucía anunció una encuesta para determinar el impacto del cambio climático sobre la oferta y la demanda de agua dulce, así como sobre la exposición, sensibilidad y vulnerabilidad de los medios de vida de las comunidades.
Este estudio lo lleva a cabo el Instituto Sir Arthur Lewis de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad de Indias Occidentales, en colaboración con el Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático y el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, con sede en Belice. El sondeo también buscará determinar cómo consideran las familias que las cuestiones ambientales afectan a sus comunidades.
«Los resultados de la encuesta brindarán orientación para futuros programas de concientización pública y desarrollo de políticas. El conocimiento obtenido también permitirá (...) adoptar medidas adecuadas para adaptarse y, ojalá, sirva para minimizar los impactos negativos identificados, para beneficio de todos los ciudadanos de Santa Lucía», según un comunicado emitido por el gobierno. Los encuestadores visitarán hogares de toda la isla hasta el 13 de mayo, insistiendo en que los resultados «serán de importancia crucial para las personas, sus familias y Santa Lucía».
