El sistema público del seguro social costarricense decidió que las parejas de los homosexuales inscritos en el sistema podrán beneficiarse de las prestaciones médicas, igual que las de otros géneros. La medida se suma a un resonante gesto del presidente Luis Guillermo Solís, en el poder desde el 8 de mayo, en contra de la homofobia.

La pareja de Castillo y Campos ilustra la inequidad en una región donde la diversidad sexual es muy discriminada. A pesar de tener 70 años y de haber cotizado a la seguridad social durante gran parte de su vida, Marco Castillo hasta ahora nunca pudo asegurar a su compañero porque el Estado no reconoce su relación. La buena noticia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) llegó cuando el 22 de mayo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), responsable de la gestión de los hospitales públicos y la seguridad social, aprobó una reforma que permitirá a las parejas del mismo sexo acceder a todos los servicios médicos que benefician a las parejas heterosexuales.

La reforma debe entrar en vigor en agosto y las parejas del mismo sexo tendrán que demostrar una convivencia de al menos tres años. Tras la reforma en materia de salud, se espera que la Junta Directiva de la CCSS apruebe pronto la igualdad de derechos en el ámbito de las pensiones. «Este es un paso importante en la conquista de nuestros derechos, que es producto de la conciencia social sobre nuestros problemas. No significa que hayamos alcanzado nuestros derechos, pero sí que comenzamos a caminar hacia ellos», señala Castillo.

Este abogado y coordinador del Movimiento Diversidad, que lucha por los derechos de las personas LGBT, piensa asegurar a su pareja, actualmente desempleada, en cuanto sea posible. El cambio se suma a varias señales de apertura en este país de 4,5 millones de habitantes, la mayoría católicos. Con la llegada al poder del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), el gobierno de Solís da muestras de asumir la causa de la diversidad sexual como propia.

En el resto de los países de la región centroamericana la situación es menos alentadora y las situaciones de discriminación, cuando no acoso, son cotidianas. En países como Honduras y Nicaragua, se constata que el avance más notable es la creación de unidades judiciales especializadas en la discriminación contra el colectivo LGBT. Dentro de América Latina, la región centroamericana es la más atrasada en materia de los derechos de personas LGBT, como concluyó en la VI Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, celebrada entre el 5 y el 10 de mayo en Cuba.

«El panorama regional (latinoamericano y caribeño) es mucho más complejo de lo que pensábamos. Se viven grandes avances, pero a la vez grandes retrocesos en regiones como América Central», apuntó durante la reunión la mexicana Gloria Careaga, secretaria general de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).

El atraso centroamericano respecto del resto del subcontinente tiene su peor expresión en los llamados crímenes de odio. Según la organización no gubernamental nicaragüense Centro para la Educación y Prevención del Sida, en los últimos cinco años se han registrado cerca de 300 crímenes de odio contra la población LGBT en América Central.

En Nicaragua, la comunidad LGBT no vive los esperanzadores tiempos de la costarricense. Marvin Mayorga, de la Iniciativa desde la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, denuncia que en su país el único avance institucional para el colectivo LGBT, desde su organización institucional en 1985, ha sido el nombramiento en 2009 de una procuradora para la defensa de las personas sexualmente diversas dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero Mayorga asegura que esa instancia no cuenta con suficiente recursos económicos para monitorear los abusos y ha enfocado sus esfuerzos casi exclusivamente en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). IPS buscó la posición de la procuradora en dos ocasiones, pero sin éxito por «falta de tiempo».

En Honduras, la lucha la lidera el Grupo Sociedad Civil (GSC), una alianza de organizaciones sociales y humanitarias, entre ellas las de LGTB. Para sus directivos no ha sido una lucha fácil. «Falta romper muchos tabúes y un mayor posicionamiento, pero se ha logrado que el Ministerio Público conformara hace un año una fiscalía especial para investigar crímenes de impacto, entre ellos los de la comunidad LGTB», opina el activista Omar Rivera, del GSC. Esta fiscalía investiga crímenes contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y personas de la comunidad LGBT en el país con más homicidios del mundo.

Las autoridades costarricenses parecen más receptivas. La reforma de la seguridad social se dio pocos días después de que el 16 de mayo Solís hiciera izar la bandera arcoíris del movimiento homosexual en la Casa Presidencial, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en un acto inédito en el país y en el que participó el mandatario.

El gabinete de Solís cuenta con un miembro abiertamente homosexual, Wilhem von Breymann, ministro de Turismo, que participó con su pareja desde hace 19 años, en el acto de juramentación de Solís. La vicepresidenta, Ana Helena Chacón, será una de los dos mariscales en la Marcha por la Diversidad, el 29 de junio, en reconocimiento a su defensa de los derechos de las personas LGBT.

La principal crítica de los grupos que defienden los derechos del colectivo LGBT es para la unicameral Asamblea Legislativa. Con la frontal oposición de congresistas vinculados a las iglesias evangélica y católica, el PAC pretende aprobar uno de los cuatro proyectos de ley para regular las uniones entre personas del mismo sexo, varados en la Asamblea desde la anterior legislatura.

Las dos iniciativas más amplias proponen modificar las figuras legales de sociedades de convivencia o reformar las uniones de hecho. «En la primera semana de junio, la Comisión de Asuntos Jurídicos acordó ya trasladarlos a una subcomisión, que va a analizarlos durante seis meses», asegura la jefa del grupo legislativo del gobernante PAC, Emilia Molina.

Desde agosto, Rodrigo Campos tendrá seguro de salud pública gracias a su pareja Marco Castillo, y este podrá visitarlo cuando esté internado en un hospital con los mismos privilegios de un matrimonio heterosexual. Quizá sea poco, pero es mucho para ellos, aunque Castillo subraya que ganada está batalla, van a por muchas victorias más.

* Con las aportaciones de Ivet González (La Habana), José Adán Silva (Managua) y Thelma Mejía (Tegucigalpa).