Tales presiones revelan el nulo respeto a las instituciones democráticas por parte de quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. A ninguno de estos fines se atiene el Ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia.

Esta actitud revela un profundo desprecio por las instituciones democráticas. Hay que recordar que la Oficina Antifraude de Catalunya es una oficina comisionada dependiente directamente del Parlament de Catalunya, cuyo titular está nombrado por él y ante el que rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%. Por eso, debemos denunciar la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político.

Desde Jueces para la Democracia exigimos que se investiguen y depuren las responsabilidades de todo orden de todas las personas implicadas en esta trama, recordando que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa.