«Es un día histórico», nos dijo el coordinador internacional de la campaña Patagonia Sin Represas, Juan Pablo Orrego, al conocer la luchada decisión. «Me emociona que la ciudadanía, porque esta es una victoria ciudadana, haya inspirado finalmente a un gobierno para que haga lo correcto ante un proyecto gigante», añadió.

La determinación la tomó el comité de ministros del gobierno de la socialista Michelle Bachelet, que sesionó durante tres horas antes de emitir su decisión. El comité, compuesto por los ministros de Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Minería, Economía y Salud, acogió en forma unánime los 35 reclamos presentados contra el proyecto. De ellos 34 fueron introducidos por comunidades y opositores a la iniciativa y el restante por la propia empresa involucrada.

La resolución ha tardado seis años en llegar, tras varias batallas judiciales, y el anuncio hizo salir a las calles de la Patagonia chilena a la gente a celebrar.

«Este comité de ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía y dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto HidroAysén y en este acto administrativo terminal, se declara rechazado el proyecto hidroeléctrico», enfatizó el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.

La empresa, propiedad de la firma italiana Endesa-Enel (con el 51 por ciento de las acciones) y la chilena Colbún, tiene 30 días para apelar la resolución, ante un tribunal ambiental de Valdivia, en el sur del país.

La presidenta Bachelet había anticipado el rechazo de su gobierno a HidroAysén durante la campaña que la devolvió al poder en marzo, cuando aseguró que el proyecto no era viable.

En mayo, al dar a conocer su Agenda Energética, anticipó que impulsaría las energías renovables no convencionales y el uso del gas natural, en contraste con el plan del presidente Sebastián Piñera (2010-2014), quien la sucedió y antecedió en el cargo y que apostaba por la hidroelectricidad.

El complejo HidroAysén fue presentado en agosto de 2007, y pretendía la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. Ya al año siguiente, 32 de los 34 servicios públicos llamados a pronunciarse sobre el proyecto lo hicieron en contra.

La austral zona de Aysén, donde se emplazaría la obra, unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago, está considerada por los grupos ambientalistas como patrimonio natural de la humanidad por su vasta biodiversidad. También es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

El proyecto contemplaba la construcción de las centrales en un área de 5.910 hectáreas y prometía una capacidad total de generación de 2.750 megavatios, que serían aportados al Sistema Interconectado Central (SIC).

Chile cuenta con una capacidad instalada de 17.000 megavatios: el 74 por ciento está en el SIC, 25 por ciento en el Sistema Interconectado Norte Grande (SING) y el resto en redes medianas de las regiones australes de Aysén y Magallanes.

La propuesta también incluía una línea de transmisión de 1.912 kilómetros, la más larga del mundo, que pasaría por nueve de las 15 regiones de Chile y 66 comunas (municipios).

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, afirmó que el proyecto HidroAysén «adolece de faltas importantes en su ejecución, al no tratar con el debido cuidado y atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven». Añadió que como ministro de Energía «he votado con total tranquilidad y con total claridad en relación a este proyecto».

Pacheco aseguró además que «la decisión que se ha tomado hoy en nada compromete la política energética que hemos diseñado en la Agenda de Energía, sino que se refiere específicamente a un proyecto».

Para el ambientalista Orrego, con el rechazo a la construcción de HidroAysén, «se está insinuando el fin de la era de los megaproyectos energéticos, termoeléctricos e hidroeléctricos, una era que en los países desarrollados terminó hace mucho tiempo».

Chile importa el 97 por ciento de los hidrocarburos que requiere y su matriz energética se compone en un 40 por ciento de hidroelectricidad y el resto de combustibles fósiles y contaminantes, a través de centrales termoeléctricas.

La carencia de fuentes energéticas ha situado el precio de producción de un megavatio hora entre los más caros de América Latina, con un coste que supera los 160 dólares. La misma medida cuesta 55 dólares en Perú, 40 en Colombia y 10 dólares en Argentina.

El director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, dijo este martes 10 que esta resolución «se refiere a un proyecto en particular y no a la imposibilidad futura de explotar los recursos hidrológicos del sur de Chile».

René Muga, en cambio, de Generadores de Chile, aseguró que HidroAysén representa el 40 por ciento de la energía que necesita el país para los próximos 10 años, equivalente, según sus datos, a lo que aportarían siete u ocho centrales a carbón. «Esa energía realmente se necesita», afirmó.

Orrego analiza que la decisión del gobierno de Bachelet puede acarrearle «consecuencias políticas muy potentes». «Es una movida valiente», afirmó, pero «inspirada por la ciudadanía, de eso no tenemos dudas», dijo.

Recordó que «son muchos años de lucha, que culminan con esta victoria resonante de la ciudadanía».

La campaña Patagonia Sin Represas, impulsada por un grupo de organizaciones ambientalistas y ciudadanas, encabezadas por Orrego y la reconocida ambientalista Sara Larraín, traspasó fronteras y logró movilizar a un país entero contra el proyecto HidroAysén.

De acuerdo a las encuestas, el 74 por ciento de los chilenos entrevistados rechazaba el proyecto y a inicios de 2011, más de 100.000 personas marcharon contra HidroAysén, una movilización que abrió las puertas a que otros, como el movimiento estudiantil, tomaran las calles para plantear sus propias exigencias.

Orrego, ecólogo y ganador del Right Livehood Awards Foundation 1998, dio las «gracias a Chile, porque esta campaña la ha hecho el país entero». Reconoció también la participación de «aliados» en otros países del mundo, como Italia, España, Bélgica y Argentina, entre otros.

En la región de Aysén, los detractores del proyecto aguardaron en el cine local la decisión del comité ministerial y luego marcharon por las calles de Coyhaique, la capital, para celebrar.

Patricio Segura, de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, nos dijo que la decisión del gobierno «es lo que corresponde en términos de sostenibilidad y de construir la matriz energética que nos merecemos como país».

«Esperábamos que se cumpliera con el compromiso político de la presidenta Michelle Bachelet, pero también con el deber de desechar un proyecto irregular que avanzó a base de lobby y presiones», añadió.

Segura reconoce que el proyecto «generó una polarización impresionante en la región de Aysén» y criticó que «no han instalado ni un ladrillo y sin embargo impactaron en la división de los habitantes de Aysén».

En consecuencia, afirmó, esta decisión sienta las bases para que en Aysén «nos sentemos a discutir lo que realmente importa que es Aysén Reserva de Vida».

«Debemos ahora discutir sobre una matriz energética soberana y sostenible para la región de Aysén, incluyendo los recursos hídricos y la energía eólica abundantes en nuestra región», concluyó.