Los grupos de delincuencia organizada están detrás de crímenes medioambientales, según alerta el último informe del organismo de cooperación judicial de la UE (Eurojust). Los beneficios de estos delitos llegan a ser entre 30-70 mil millones de dólares anuales, pero rara vez son perseguidos por los Estados miembros.

Esther Herrera / Bruselas

El tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado hoy que los países europeos pueden rechazar conceder ayudas sociales a ciudadanos comunitarios de otro país si éstos no tienen intención de buscar trabajo y solo quieren pedir prestaciones.

Esther Herrera / Bruselas

El juez español Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha publicado hoy un auto en el que solicita la ayuda de la agencia Genocide Network, un organismo dependiente de la UE que investiga los crímenes de guerra y contra la humanidad. Su decisión viene dada tras la imposibilidad de colaborar con Estados Unidos y esclarecer los hechos de la muerte del cámara de Telecinco, José Couso, durante la invasión norteamericana a Irak.

En sus dos años de funcionamiento, la compañía de comercio electrónico Silk Road recaudó 1.200 millones de dólares en ingresos y acumuló unos 200.000 usuarios registrados en Internet, un éxito que sería el sueño de toda empresa naciente. Hasta que el FBI clausuró el sitio de Internet en octubre acusando a la empresa de ser, básicamente, la Amazon.com de las drogas ilícitas.

El plazo de seis meses que dieron los inspectores tras la primera visita terminó en mayo y ahora vuelven para comprobar si hay una mejor gestión de los flujos de peatones y vehículos en el paso fronterizo y si la lucha contra el contrabando de tabaco es más eficaz.

Ha sido uno de los saltos más numerosos de los últimos años. Ha tenido lugar sobre las seis de la mañana en la zona cercana al Barrio Chino. Según el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, «la presión era muy fuerte, un trozo de la valla exterior ha sido derribado».

El abogado general de la UE ha emitido hoy sus conclusiones en las que considera que Alemania puede denegar prestaciones sociales a ciudadanos de otro Estado miembro, si se demuestra que la persona no tiene «un vínculo real» con el país de acogida y, por lo tanto, utiliza el turismo social para beneficiarse de las prestaciones que ofrece el país.