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El Tribunal General de la UE ha condenado a España a pagar 33,6 millones de euros por irregularidades en los contratos públicos adjudiados para la construcción de nuevas líneas del tren de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y la frontera francesa.
El líder de la minoría turca en Bulgaria, Ahmed Dogan, ha salido ileso después de que un hombre se acercara al estrado desde donde pronunciaba un discurso y le apuntara con una pistola a la cabeza. El arma falló y el agresor fue reducido por guardias de seguridad y asistentes al acto.
El gobierno español incumple la normativa europea sobre el IVA al aplicar el tipo reducido del impuesto a productos farmacéuticos y equipos médicos que deben estar gravados con el 21%, según una sentencia del Tribunal de Justicia europeo. Los jueces dan la razón a la Comisión Europea, que ya avisó a España de que aplicaba el IVA reducido a categorías más amplias de lo que prevé la legislación comunitaria.
Tres activistas políticas kurdas han sido encontradas muertas con disparos en la cabeza en la sede del Centro de Información del Kurdistán en la capital francesa. La policía maneja distintas hipótesis pero no descarta que se trate de un asesinato con tintes políticos cuando se habla de un inicio de negociaciones del gobierno turco con en Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
La Unión Europea intenta aumentar su capacidad para luchar contra la delincuencia on line y ha creado un centro europeo para prestar apoyo a los Estados miembros y aúnar esfuerzos para prevenir y perseguir los cibercrímenes. Se calcula que cada día un millón de personas son víctimas de un delito informático en el mundo con unas pérdidas de 290.000 millones de euros anuales.
La organización terrorista ETA ha hecho público un comunicado en el que se muestra dispuesta a negociar sobre la situación de los presos, el desarme y la disolución de la organización. El último grupo terrorista que actúa en Europa aunció, unilateralmente, el 20 de octubre de 2011 el fin de 40 años de lucha armada.
La normativa que regula en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca es incompatible con la directiva de protección de los consumidores. Lo dice, en un dictamen, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, quien considera que la regulación procesal española impide defenderse ante cláusulas abusivas en las hipotecas.
