Según un nuevo informe y teniendo en cuenta los últimos ataques de piratas somalíes contra buques pesqueros iraníes en el océano Índico, es demasiado pronto para reducir los esfuerzos internacionales contra la piratería,

España tendrá que explicar en el Tribunal de Justicia de la UE la insuficiente gestión que lleva a cabo en materia de residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. Aunque las llamadas de atención se remontan a 2008, España no ha adoptado las medidas necesarias para clausurar, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales.

Tolerancia cero contra la explotación laboral. Lo exige la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que en su última investigación alerta de que «los consumidores desconocen a menudo que los alimentos que comen o la ropa que visten pueden estar fabricados por personas que trabajan en condiciones de severa explotación laboral». España es uno de los países peor parados en el informe.

En el marco de su paquete mensual sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido una serie de acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no cumplir adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE.A España le incumben dos de esos procedimientos.

Centenares de miles de niñas y niños europeos se ven envueltos cada año en procedimientos judiciales. El último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) pide «mayores esfuerzos» para responder a sus necesidades y conseguir así un sistema mejor adaptado a las condiciones de la infancia.

Muchas de las medidas de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo que ha presentado la Comisión Europea dependen de la cooperación entre los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. La Agenda establece las herramientas y medidas concretas que deberán utilizar en su trabajo conjunto.

Es lo que han hecho Rights International Spain y Jueces por la Democracia que piden a la UE que active por primera vez en su historia, el nuevo mecanismo para solventar ataques graves a los principios básicos del estado de derecho. Cuestionan las reformas legales promovidas por el Gobierno español que, según argumentan, vulneran valores esenciales de la UE.