La Unión Europea (UE) importa más de la mitad de la energía que consume, lo que la convierte en vulnerable ante suministradores energéticos externos como Rusia. La Comisión Europea presentó un plan para reducir esta dependencia, plan que esta semana debatió la comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía.
El nuevo objetivo energético del 30 % permitirá, según la Comisión, más oportunidades a las empresas europeas, facturas más baratas para los consumidores, una reducción significativa de las importaciones de gas natural y un impacto positivo en el medio ambiente. El objetivo propuesto del 30% está calculado sobre la base de la eficiencia que ya se ha alcanzado.
Alemania ocupa el primer puesto seguida por Italia en una nueva clasificación sobre la eficiencia energética de 16 de las mayores economías del mundo. Estados Unidos aparece en el número 13 y México en el último. El Consejo Estadounidense por una Economía de Energía Eficiente (ACEEE, en inglés), una organización sin fines de lucro, considera la ineficiencia «una tremenda pérdida» de recursos y dinero.
Siguiendo el principio de que 'quien contamina, paga' la Comisión Europea destina 1.000 millones de euros para 19 proyectos que luchen contra el cambio climático. Las empresas contaminantes aportarán 900 millones, dotando a la iniciativa de un presupuesto total de casi 2.000 millones de euros para promover fuentes de energía renovables en Europa, y otras tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. En España se llevarán a cabo 3 de los proyectos.
«Los aliados pueden informar de que Rusia, como parte de sus sofisticadas operaciones información y la desinformación, colabora activamente con las llamadas organizaciones no gubernamentales y organizaciones ambientales que trabajan contra el gas de esquisto (fracking) para mantener la dependencia europea del gas ruso importado».
El gobierno de Chile rechazó definitivamente este martes10 el polémico proyecto de HidroAysén, para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el sur del país, tras años de lucha de grupos ambientalistas y comunidades afectadas, que alertaron al mundo sobre las consecuencias destructivas para la Patagonia.