Hace cerca de 40 años solo 13 países aplicaban políticas para aumentar la fertilidad. Hoy son 56, y en ellos se concentra más de un tercio de la población mundial.
China es la mayor y más reciente adición a este grupo de países a favor de la natalidad, que incluye a Alemania, Australia, Corea del Sur, España, Francia, Irán, Israel, Italia, Japón, Rusia y Turquía. Beijing ha anunciado que cambiará su controvertido principio de un solo hijo por una política de dos hijos por pareja con el fin de equilibrar el desarrollo demográfico y lidiar con el envejecimiento de su población.
Suponiendo un ligero aumento en su nivel actual de fertilidad, se prevé que la población actual china, de 1.380 millones de habitantes, alcance su pico en 2030, con 1.420 millones, y luego descienda a los mil millones a finales de siglo (Figura 1).
Sin embargo, si la fecundidad se mantuviera constante en su nivel actual, la población china pronto comenzaría a descender, hasta los 800 millones en el año 2100.
La estructura etaria de la población china también está envejeciendo más que nunca. En 1950 menos del cinco por ciento eran mayores de 65 años, pero hoy la proporción ha llegado al 10 por ciento. Para 2035 se espera que la proporción de ancianos se duplique de nuevo y alcance un tercio de los habitantes del país asiático a mediados de siglo.
Otros 82 países – que albergan casi a la mitad de la población mundial - tienen tasas de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo, que consiste en aproximadamente dos nacimientos por mujer. Como resultado, las poblaciones de 48 de esos Estados – como las de Alemania, Corea del Sur, Japón y Rusia - serán más pequeñas y más añosas a mediados de siglo, aun suponiendo pequeños avances en la natalidad. Si las tasas de fecundidad se mantuvieran constantes en sus niveles actuales, la disminución y el envejecimiento serían aun más pronunciados (Figura 2).
Con el fin de contrarrestar esas dos tendencias demográficas, muchos gobiernos adoptaron diversas políticas para elevar las tasas de natalidad.
En un extremo están las medidas draconianas, como la prohibición de la anticoncepción, de la esterilización, del aborto y de la educación y el empleo de las mujeres. Ya que las mismas violan los derechos humanos más básicos, pocos gobiernos están dispuestos a tomarlas. Por otra parte, tienen consecuencias demográficas indeseables, como niveles más altos de embarazo no deseados, abortos ilegales y mortalidad materna.
Algunos gobiernos fomentan el matrimonio, la maternidad y la crianza de los hijos mediante campañas de relaciones públicas, incentivos y preferencias. Australia y Corea del Sur, por ejemplo, apelan a las mujeres para que tengan más de un hijo, e Irán considera una ley que aliente a las empresas a contratar a hombres con hijos.
Quizá las políticas pronatalistas más comunes sean las que buscan reducir los costes financieros que implican la procreación y la crianza de los hijos. En Turquía, por ejemplo, los padres tienen derecho a 108 dólares por el nacimiento de su primogénito, a 144 dólares por el segundo y a 215 dólares por el tercer hijo y los subsiguientes. Una consecuencia de esta norma, sin embargo, ha sido la necesidad de prestar asistencia financiera pública a las familias necesitadas con muchos integrantes.
Políticas adicionales, especialmente populares en los países occidentales, se destinan a lograr que el empleo y las responsabilidades familiares sean «compatibles» con las parejas que trabajan, especialmente para las madres. Además de la extensión de la licencia por maternidad y paternidad, otras de las medidas son el trabajo a tiempo parcial, flexibilidad en los horarios laborales y lugares de trabajo favorables a la familia, con guarderías incluidas.
Sin embargo, los costes de las políticas favorables a la familia no son insignificantes. Por ejemplo, con una fertilidad de dos hijos por mujer, Francia calcula que su amplio régimen de prestaciones familiares necesitará el cuatro por ciento del producto interior bruto del país, uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea (UE). Algunos gobiernos también consideran la inmigración selectiva para mantener el tamaño de su fuerza de trabajo y frenar el ritmo de envejecimiento de la población.
Sin embargo, un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas concluye que la migración internacional en su nivel actual no compensaría del todo la disminución prevista de la población. Se prevé que, entre 2015 y 2050, haya 63 millones más de muertes que nacimientos en Europa, mientras que el número neto de inmigrantes se estima en 31 millones, lo que implica una reducción global de la población europea en aproximadamente 32 millones.
Además, en los últimos meses los costes financieros, la integración social y el impacto cultural de la inmigración han ocupado el primer plano político. Una marea creciente de refugiados y migrantes económicos - principalmente de Afganistán, Eritrea, Iraq, Nigeria, Pakistán y Siria -, estimada en más de 800.000 personas, han llegado a las costas de la UE desde inicios de 2015, huyendo de la guerra, la represión, la discriminación y el desempleo.
Como parte de su respuesta, la UE considera ofrecerles dinero y visados a los países africanos que acepten la repatriación de miles de sus ciudadanos que residen ilegalmente en su territorio. También con el objetivo de frenar el ingreso récord de refugiados, varios países europeos han construido vallas, aplicado controles fronterizos y reforzado las normas de asilo.
Otros países reacios a alentar la inmigración, como Japón y Corea del Sur, han optado en cambio por aumentar la productividad laboral como medio de compensar la reducción de su mano de obra. Esos gobiernos también examinan su legislación para alentar la incorporación y permanencia de más mujeres al mercado laboral.
Si bien las medidas orientadas a la familia pueden alentar a algunas mujeres a tener hijos, esas políticas son costosas y su efecto global sobre la fertilidad es escaso o poco claro. Las numerosas fuerzas que llevan a la disminución de la fecundidad son demasiado poderosas para que los gobiernos las superen con dictados, incentivos financieros y campañas de relaciones públicas.
