El fallo, adoptado por unanimidad por los 11 magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF), obviamente despoja a Cunha de su cargo de presidente de la Cámara de Diputados, para el que fue elegido en febrero de 2015 por dos años.

Acusado de corrupción y lavado de dinero, por haber recibido millones de dólares de sobornos en negocios petroleros, buena parte depositada en bancos suizos, el exlegislador usó sus poderes para urdir acciones judiciales y parlamentarias que podrían llevarlo a perder su mandato y a la cárcel.

En su calidad de legislador, Cunha solo puede ser juzgado por el STF, que por sorpresa ha decidido hacerse eco ahora de la recomendación del Ministerio Público de la Unión (fiscalía general), en un fallo que está pendiente desde diciembre.

«Es raro» que el STF haya decidido de urgencia en una acción que lleva seis meses, comentó el diputado suspendido, para anunciar que recurrirá la sentencia ante el mismo tribunal, porque a su juicio mo se ha respetado su derecho de defensa.

Cunha está procesado en una causa penal por corrupción ante el STF, mientras sea diputado. Perderá esa prerrogativa si el Consejo de Ética le quita definitivamente el mandato y pasará entonces a ser juzgado por tribunales de primera instancia, que ya condenaron por el caso de Lava Jato a docenas de empresarios y políticos.

Su suspensión probablemente no alterará en nada el destino de Rousseff. Pero el Abogado General de la Unión (procurador del Estado), José Eduardo Cardozo, ha anunciado que pedirá la anulación del proceso de inhabilitación, porque su comienzo fue una decisión de Cunha «en interés propio», como determinó el fallo del STF.

Sin la actuación de Cunha, posiblemente no se hubiera abierto el proceso de destitución, según el abogado. Pero se duda de que el STF considere ese argumento como suficiente para anular la decisión, aprobada por el 71,5 por ciento de los 511 diputados y respaldada por la mayoría de la población.

Los 81 senadores decidirán ahora si aprueban el juicio de inhabilitación, lo que se da por seguro porque solo requiere mayoría simple.

Rousseff será entonces separada de la Presidencia, para ser sometida a un juicio político por los propios senadores, convertidos en jueces, en un proceso que puede prolongarse hasta 180 días y que incluirá nuevas investigaciones, testimonios y argumentaciones de defensa y acusación.

El juicio lo conducirá el presidente del STF

La suspensión de Cunha, probablemente sin vuelta atrás dada la unanimidad del fallo, favorece la versión de Rousseff y de sus defensores de que detrás de su probable destitución hay un golpe de Estado, y también al vicepresidente Michel Temer, que asumirá el poder sin el molesto aliado, si la mandataria es enjuiciada.

Ambos pertenecen al mismo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hasta marzo la principal fuerza de apoyo al gobierno de Rousseff y con muchos dirigentes bajo investigación de corrupción en el escándalo Lava Jato.

Pero Cunha mantendrá su influencia. Se estima que su bancada de fieles seguidores suman más de 150 diputados conservadores, muchos vinculados a iglesias evangélicas como él.

Varios pequeños partidos bajo su control condenaron el fallo del STF como injerencia del Poder Judicial en el Legislativo, lo que viola la Constitución. Posición opuesta mantienen otros partidos que apoyan a Temer y su llegada al poder.

La caída de Cunha, no definitiva pero difícilmente reversible, tampoco libera a la Cámara de la mancha de corrupción que ensombrece sus resoluciones. El vicepresidente que lo sucederá, Waldir Maranhão, también afronta denuncias de corrupción. Su Partido Progresista (PP), conservador pese al nombre, es el que tiene más miembros bajo investigación de la operación Lava Jato, 32 en total.

Cunha ha conseguido hasta ahora eludir las acusaciones que, para la opinión pública, justificaban su condena, pero su situación se hizo insostenible, ante la inminencia del ascenso de Temer a la Presidencia.

El presidente de la Cámara pasaría a ocupar la Vicepresidencia, pero la Constitución prohíbe que ejerza ese cargo o el de presidente un procesado penal, como es su caso. También impide que lo ostente quien tenga la jefatura de la Cámara de Diputados de forma interina.

El fallo elimina un factor de corrosión de la credibilidad del parlamento, que ya amenazaba contaminar al STF, pero no mejora mucho la imagen del sistema político brasileño. Tanto Temer como el presidente del Senado, Renán Calheiros, a quien le tocaría asumir la Vicepresidencia por la suspensión de Cunha, también sufren denuncias de corrupción.

El nuevo gobierno que está componiendo Temer con los más de 20 partidos a los que debe su ascenso nace de oscuras negociaciones y varios de los apuntados como futuros ministros también están entre los sospechosos de recibir sobornos en las investigaciones de la fiscalía.