El objetivo es confirmar si los Estados miembros ofrecieron a empresas la oportunidad de llegar a pactos fiscales, conocidos como tax ruling, y en caso afirmativo, deben ofrecer al Ejecutivo comunitario una lista de las compañías que se aprovecharon de ello durante el periodo de 2010 a 2013.

La investigación sobre fiscalidad en el último año ha ido en un continuo in crescendo. Primero, en junio de 2013, la Comisión Europea ha estado investigando los pactos fiscales en siete Estados miembros (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, y el Reino Unido). También ha pedido información sobre el régimen de impuesto de propiedades a Bélgica, Chipre, Francia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido).

El pasado junio, el Ejecutivo abrió formalmente investigaciones en los casos de la compañía Apple en Irlanda, la multinacional del café Starbucks en Países Bajos y Fiat en Luxemburgo. Meses después, el Gran Ducado volvió a estar en el punto de mira con una nueva investigación sobre Amazon. En noviembre, el escándalo de Luxleaks reveló que más de 340 empresas con sede en el país originario de Jean-Claude Juncker pagaron poco más de un simbólico 1% de impuestos. Por el momento, el Ejecutivo mantiene las pesquisas, pero no ha abierto formalmente ninguna investigación.

Según fuentes comunitarias, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar mañana en Bruselas abordará los pactos fiscales en los Estados miembros y confían en que probablemente en junio haya una propuesta para luchar contra estas prácticas. Un interés que comparte el gobierno español.

El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha enviado una carta a su homólogo del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que le pide que los asuntos de fiscalidad estén entre las prioridades de las próximas reuniones de los líderes europeos. En especial, menciona la lucha contra los paraísos y pactos fiscales. España asegura que comparte «una gran preocupación por la falta de transparencia» respecto a las prácticas que «facilitan la planificación fiscal agresiva». Por ello, pide una «actuación coordinada» para asegurar «un funcionamiento eficiente» del mercado interior.