Colocado en un lugar discreto pero estratégico en el complejo del Parlamento Europeo descansa el «árbol de los lobistas». Discreto porque se encuentra en una de las puertas traseras del edificio, y estratégico por ser precisamente esa entrada, la elegida para recibir oficialmente a autoridades y jefes de estado. Plantado por la Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP) es un «homenaje» al papel que juegan los lobbies en el proceso de decisión de las políticas comunitarias y en la redacción de las leyes europeas.

Se calcula que, durante los últimos quince años, estos grupos han «invertido» unos 3.000 millones de euros anuales, y han convertido Bruselas en el segundo centro mundial en el que se concentra el poder de los lobbies, tan sólo superada por Washington.

En apenas cuatro kilómetros cuadrados, el barrio europeo refleja una actividad frenética durante la semana. Las Instituciones Europeas se encuentran separadas por grandes avenidas -de hasta cinco carriles de circulación- y altos edificios, sede por excelencia de la toma de decisiones del futuro europeo. Grandes firmas, consultoras, despachos de abogados, u organizaciones sectoriales, ocupan los locales más caros y cotizados de toda la UE.

La Fundación CEO (Corporate Europe Observatory) estima que en la capital belga entre 15.000 y 30.000 lobbistas, trabajan para que los intereses de las organizaciones a las que representan se vean recogidos en la normativa europea. Y es que, según un estudio realizado por esta organización, entre el 30 y el 40% de las leyes aprobadas en la UE se ven influidas por los grupos de presión.

Lobbies para todos los gustos

A pesar de que en el universo de los lobbies también hay un pequeño espacio para instituciones públicas como Ayuntamientos u oficinas regionales, y para organizaciones no gubernamentales, el 70% de los lobbies establecidos en la ciudad favorecen los intereses de empresas privadas.

Alrededor de 1.500 grupos de presión persiguen objetivos empresariales de lo más variado. Los más relevantes en los tiempos que corren son los lobbies financieros y económicos, especialmente en los últimos meses, en los que el acuerdo de Libre Comercio entre la UE y EEUU parece llegar a su etapa final.

Pero la política medioambiental y agroalimentaria de la UE no escapan a la acción de los grupos de presión que en los últimos años se ha hecho especialmente notable. Según la «Lobby Planet» redactada por la Fundación CEO, las sedes de empresas de extracción de petróleo como BP o compañías partidarias de la privatización de la gestión del agua como Aquafet se encuentran a escasos metros de las Instituciones Europeas.

CEO considera que el poder que pueden llegar a tener estas corporaciones en las políticas adoptadas por la UE es excesivo, y denuncia casos de influencia de la industria en las instituciones públicas europeas. Según recoge el estudio realizado por CEO, el eurodiputado Carl Schlyter declaró que los grupos de presión fueron responsables de más del 95% de las enmiendas presentadas sobre la regulación de los gases fluorados.

Pasos imprescindibles para no fracasar como lobbista

Ester Aráuzo, representante de CEO, explica que la carencia de una opinión pública fuerte y la falta de expertos en las instituciones, allanan el camino a los lobbies que desean que su mensaje llegue a las Instituciones.

Desde CEO consideran que las tácticas para conseguirlo son diferentes y además se intenta que sean variadas, para que el mensaje llegue por diferentes canales. El objetivo siempre es el mismo, dar una mayor credibilidad y un matiz de objetividad a los intereses que pretenden defender los grupos de presión.

Algunas de las estrategias descritas por CEO son, entre otras, establecer oficinas cerca de las Instituciones, o infiltrarse en los grupos de expertos con los que cuenta la Comisión actualmente. Otra de las tácticas empleadas es contratar los servicios de bufetes de abogados que se ocupen de la redacción técnica de las enmiendas, algo que agradecerán muchos eurodiputados que se ven en la tesitura de redactar normas sobre materias de las que no son expertos.

CEO revela que estos grupos de poder también tratan de dilatar los procesos de elaboración de las normas, o de crear organizaciones tapadera para hacer llegar su mensaje por otros canales, así como reclutar a dirigentes comunitarios en sus plantillas.

Las relaciones públicas son esenciales para los lobbistas, por lo que el «European Training Institute», también conocido como «Escuela de lobbistas» se encarga de enseñar el arte de cultivar las relaciones informales -entre otros- a los más de 3000 lobbistas que cuentan con pase permanente en el Parlamento Europeo.

Trabajar por la transparencia en las Instituciones

Según CEO, la falta de regulación de la práctica del lobby en la UE «tiene como resultado un acceso privilegiado de las grandes empresas en la toma de decisiones en la UE. Esto provoca la adopción de políticas que agravan la injusticia social». Por ello, es necesario que se aprueben medidas concretas que se basen en el principio de transparencia.

Entre otras iniciativas, CEO apuesta por la conversión del registro voluntario de lobbistas -creado en 2008- en un registro obligatorio en el que se detalle toda la información relacionada con el grupo de presión, su empleador, el presupuesto que se destina para llevar a cabo su presión y las actividades concretas desarrolladas.

Para Corporate Europe Observatory es necesario que todas las relaciones oficiales de la Comisión y el Parlamento con personas influyentes sean transparentes y oficiales. Piden que se redacte un código de conducta más estricto para comisarios y funcionarios y se promuevan medidas para favorecer esa transparencia.

También se propone establecer un «período de enfriamiento» de dos años para impedir a las personas que hayan ocupado un cargo de responsabilidad en las Instituciones que ejerzan puestos relacionados con el trabajo que desempeñaban antes de cesar en sus funciones. Esto acabaría con la denominada «política de puertas giratorias» entre los sectores público y privado. En 2010 seis de los trece comisarios que dejaron su cargo comenzaron a trabajar en empresas privadas inmediatamente después de haber cesado su responsabilidad política.