La importante relación que existe entre el examen de las patentes que realizan las oficinas nacionales de patentes y el derecho de los ciudadanos a acceder a los medicamentos no siempre ha sido bien entendida.

Con demasiada frecuencia se considera que estas funciones o responsabilidades del Estado no están relacionadas entre sí. Y la razón es clara: los requisitos de «patentabilidad» no los definen las oficinas nacionales, sino que a menudo lo hacen los tribunales, la legislación o los negociadores de tratados.