De los 118 programas de desarrollo rural (PDR) aprobados la Comisión ha dado luz verde este viernes a los programas nacionales de Dinamarca, Polonia y Austria, destinados a mejorar la competitividad del sector agrícola de la UE, a cuidar los paisajes y el clima, y a consolidar el tejido económico y social de los núcleos rurales de aquí a 2020.Antes de que termine este año se aprobarán los planes de Finlandia, Portugal y cuatro de Alemania.
Los 118 programas plurianuales, de ámbito nacional o regional, cuentan con una financiación exclusiva de la UE de 95 600 millones de euros para el periodo 2014-2020, canalizada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que atraerán otra financiación suplementaria nacional, regional y privada.
Además de los programas aprobados hoy —los PDR nacionales de Dinamarca, Polonia y Austria—, otros seis programas se adoptarán antes de finales de año, es decir, se habrán aprobado programas por valor de más de 20 000 millones de euros.
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha destacado que los nueve programas que se aprobarán este año representan en conjunto aproximadamente el 22 % del gasto en desarrollo rural del presupuesto de la UE. «Creemos que, para Semana Santa, se habrá dado el visto bueno a un número de programas que supondrán cerca de un tercio de la financiación.»
Refiriéndose a los programas que han recibido el visto bueno, Hogan ha dicho que uno de los grandes puntos fuertes del concepto de desarrollo rural de la UE es disponer de seis prioridades básicas, si bien corresponde a cada Estado miembro o región concebir programas adaptados a su situación. Un buen ejemplo de ello lo constituye el programa polaco, cuyo objetivo es crear más de 22 000 puestos de trabajo, proporcionar ayudas a la inversión para aproximadamente 200 000 explotaciones agrícolas y crear unas 1 800 agrupaciones de productores.
Con 8,6 mil millones de euros de la UE y 4,9 mil millones de financiación nacional. Un tercio de la financiación está destinada a «mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad». El 30% de la ayuda se reserva a prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima, con el objetivo de cubrir el 19% de la superficie agrícola de Polonia.
Dinamarca hace especial hincapié en el fomento de la innovación, con el objetivo de crear casi 1 000 «puestos de trabajo ecológicos», toma medidas para duplicar la superficie dedicada a la agricultura ecológica e invierte en prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, Austria da especial prioridad a las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y el clima, con vistas a la gestión de más del 80 % de las tierras agrícolas para proteger y mejorar la biodiversidad, y a las posibilidades de formación para más de 600 000 agricultores; además, en torno a la mitad de la población rural podrá beneficiarse de mejores servicios, como la banda ancha de alta velocidad.
«Como he podido comprobar en mi nativa Irlanda, un sector agrícola moderno y dinámico puede ofrecer un motor de crecimiento económico y creación de empleo, en particular en las zonas rurales. En sus programas de desarrollo rural, respaldados con financiación de la UE, los Estados miembros y las regiones tienen la clave adecuada para liberar ese potencial», ha dicho el comisario.
El desarrollo rural, es el segundo pilar de la política agrícola común (PAC), proporciona a los Estados miembros una dotación financiera de la UE cuya gestión se realiza, a escala nacional o regional, al amparo de programas plurianuales, cofinanciados. En total, están previstos 118 programas en los 28 Estados miembros.
El nuevo Reglamento de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 aborda seis prioridades económicas, medioambientales y sociales, y los programas fijan claramente los objetivos que se desea alcanzar. Además, con el fin de coordinar mejor las actuaciones y maximizar las sinergias con los demás Fondos Estructural y de Inversión Europeos (Fondos ESI), se ha celebrado con cada Estado miembro un Acuerdo de asociación que destaca su estrategia global de inversión estructural financiada por la UE.