Con este término se designa de forma coloquial al hecho de que un alto cargo público pase a trabajar para una empresa privada, puesto granjeado gracias a su anterior ocupación pública, lo que eventualmente termina produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, generalmente en beneficio del interés privado.

Al acercarse el final del segundo mandato de Barroso al frente de la CE, los activistas por la transparencia consideran que es el momento adecuado para hacer una reflexión sobre este fenómeno, y conseguir ampliar el tiempo obligatorio de espera de 18 meses a 3 años para que los ex-comisarios puedan aceptar puestos en grupos de presión o lobbies, con el fin de prevenir los repetidos escándalos por conflictos de intereses que tuvieron lugar durante el primer mandato de Barroso.

Los eurodiputados de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo se sentarán con la Secretaria General de la Comisión, Catherine Day, para pedirle que se reformen urgentemente los códigos de conducta de los comisarios y el propio comité ético que lo aplica.

En palabras de Jorgo Riss, director de la Unidad Europea de Greenpeace y miembro del comité de dirección ALTER -EU, «el código de conducta de los comisarios necesita una reforma urgente para garantizar que los comisarios actuales no se conviertan en grupos de presión tan pronto como salgan de la Comisión Europea. Si los comisarios tienen derecho a una indemnización transitoria generosa durante tres años después de abandonar el servicio público, parece razonable que se les prohíba aceptar trabajos en lobbies durante el mismo período».

Por su parte, Olivier Hoedeman, del Corporate Europe Observatory (CEO) afirma que «a menos que la Comisión aprenda las lecciones del pasado, 2014 corre el peligro de convertirse en el año de la puerta giratoria. La Comisión acaba de ser recriminada por el Defensor del Pueblo Europeo por no afrontar adecuadamente a los conflictos de intereses en el caso de Michel Petite (el abogado del lobby del tabaco que fue recientemente ratificado por la CE en el comité ético); es necesario reformar urgentemente tanto el código de conducta de los comisarios como el comité ético que es responsable de su aplicación».

Entre las propuestas que ha realizado ALTER-EU a la CE para alcanzar estos fines, se encuentran algunas como ampliar el «periodo de enfriamiento» de los ex-comisarios para entrar a formar parte de un lobby -o cualquier otra actividad que pueda suponer un conflicto de intereses- de los actuales 18 meses a 3 años; definir más detalladamente la prohibición de los lobbies, incluyendo tanto a los lobbies directos como indirectos, como la prestación de asesoramiento; la prohibición a los comisarios de negociar futuros puestos durante su estancia en el cargo; y revisar el actual comité ético y sustituirlo por un comité profesional y totalmente independiente, que sería responsable de la evaluación de las propuestas de nuevos roles de los comisarios, así como otras cuestiones éticas en la CE.