Jueces para la Democracia dirigen una carta a la Fiscal General del Estado, en la que recuerdan que recientemente la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado las Diligencias Preprocesales nº 83/2015, en las que se ha pretendido realizar diversos trámites para investigar la posible comisión de una falta disciplinaria por parte de la magistrada en excedencia Dª Victoria Rosell.

Dichas actuaciones se han llevado adelante a pesar de que no existe competencia del Ministerio Fiscal para tramitar dichas diligencias, pues la instrucción de estos procedimientos corresponde de manera exclusiva al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. En este ámbito, el artículo 605 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria corresponden al Promotor de la Acción Disciplinaria».

Además, no se ha permitido a la persona interesada el acceso a las actuaciones, con lo que se le ha imposibilitado el ejercicio de sus derechos. En cambio, se ha filtrado el referido expediente (tramitado con sorprendente celeridad) a determinados medios de comunicación, en plena campaña electoral. Dicha filtración de unas actuaciones de carácter reservado implica una evidente vulneración de derechos. Y únicamente ha podido proceder de la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas, al no existir partes personadas en las diligencias. Con este tipo de actuaciones se vulnera la imparcialidad en la actuación de la Fiscalía y también parecen mostrarse conexiones muy peligrosas con los intereses del poder político.

Desde el Secretariado de Jueces para la Democracia hemos preferido no realizar un pronunciamiento directo sobre esta cuestión durante la campaña electoral, con la finalidad de que nuestra preocupación sobre estos hechos no pudiera confundirse con algún tipo de apoyo a cualquier opción política que pudiera afectar a nuestra independencia como organización. Pero nuestra prudencia institucional y nuestra responsabilidad asociativa no pueden confundirse con la aceptación de unos hechos de especial gravedad. Una vez transcurrido el periodo electoral, consideramos que deben aclararse estos hechos, pues afectan a la independencia judicial y a las garantías del procedimiento sancionador como elemento básico del estatuto profesional de quienes integran la judicatura.

Por ello, desde Jueces para la Democracia anunciamos que vamos a analizar el ejercicio de acciones legales. Y asimismo solicitamos a la Excelentísima Sra. Fiscal General del Estado la apertura de una investigación interna para que se aclaren los hechos referidos y se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido la fiscal Dª Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas D. Guillermo García Panasco. Lamentamos muy especialmente el uso partidista que se puede haber dado a una institución como la Fiscalía, con el consiguiente descrédito de nuestro Estado de Derecho.