Hasta 600.000 personas inmigrantes se ven privados de su libertad cada año en los países de la Unión Europea, como resultado de la «gestión migratoria» comunitaria. Éste es uno de los datos que recoge el informe 'La cara oculta de los campos de detección de inmigrantes en Europa', realizado por la campaña 'Open Access Now'. Las políticas comunitarias sobre migración son «un sistema enormemente costoso, que viola los derechos fundamentales de los migrantes, a los que se penaliza, carente de garantías legales efectivas», concluye el estudio.

Entre esas personas hay mujeres, hombres, niñas y niños, solicitantes de asilo, personas cuya protección ha sido rechazada y con el derecho de estancia expirado o que nunca han gozado del mismo, trabajadores, estudiantes, madres y padres de ciudadanos de la UE, víctimas de tortura o de trata, personas enfermas... Incluso, hay muchos casos de ciudadanas y ciudadanos de la UE: desde 2007, año en que Rumanía entró en la UE, 5.540 personas de este país han sufrido esta privación de libertad (1.554 casos se registraron en 2012, el año con peores cifras).

«Desde la década de 1990, la detención se ha convertido en una de las principales herramientas para gestionar las poblaciones migrantes en Europa. La única razón para tal privación de libertad es el incumplimiento de normas -generalmente injustas- sobre el cruce de fronteras o la estancia. La detención es una fuente permanente de violación de los derechos de los migrantes. Detrás del objetivo declarado de la racionalización de la gestión de los flujos migratorios, la institucionalización de la detención de migrantes lleva a la criminalización de los que se consideran indeseables, lo cual fomenta el racismo y la xenofobia», explica en un comunicado el observatorio de fronteras Migreurop, que participa en la campaña 'Open Access Now'.

Este contexto es el que les ha llevado a analizar la situación migratoria en Europa, «con el objetivo arrojar luz sobre la realidad de la detención de migrantes en el espacio de 'libertad, seguridad y justicia', que la Unión Europea dice ser, y proporcionar una herramienta para que los ciudadanos miren más allá de la representación a menudo falsa o incompleta dada en las noticias y declaraciones institucionales», aclaran desde el observatorio.

En 'La cara oculta de los campos de detección de inmigrantes en Europa' se recogen datos como que la mitad de los detenidos nunca son deportados. Así, en 2012 la Comisión Europea registró 484.000 órdenes de retorno pero finalmente sólo 178.000 migrantes abandonaron efectivamente el territorio.

El coste de las detenciones

Los autores analizan además el coste de esta política migratoria comunitaria. Aunque la UE no especifica la proporción de dinero dedicada a la detención, el importe global de los fondos proporcionados por Europa para gestionar los retornos alcanzaron los 674 millones de euros entre 2008 y 2013; una cifra que, indican, no incluye las cantidades gastadas por cada Estado con fondos propios. Para ser más concretos, la asociación Lunaria ha investigado el caso de Italia e informa que entre 2005 y 2011 el Estado gastó un billón de euros en políticas relacionadas con la inmigración irregular. «En paralelo al incremento en el presupuesto asignado a la detención, el gasto público en relación con la recepción de migrantes ha disminuido», afirman en el documento.

La red Migreurop contabilizó, en 2011, cerca de 300 centros de reclutamientos de migrantes en toda la UE. Un guarismo al que habría que sumar los centros ubicados fuera de las fronteras europeas pero vinculados a las políticas migratorias comunitarias, como los que hay en Ucrania, Turquía o Libia; con estos últimos el número llega a casi 420 centros, muchos de los cuales están controlados por empresas privadas.

Por otro lado, más allá de las cifras, una de las principales conclusiones del informe es lo que llaman «una marcada tendencia a restringir (y a veces a negar) los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes detenidos». Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el mero hecho de que un migrante resida de manera irregular no debe ser castigado por el encarcelamiento, la detención es un hecho habitual, según recoge el estudio. «¿Es un crimen que huir de la pobreza, la guerra o la persecución? ¿Es un delito de creer en un futuro mejor?», se preguntan las organizaciones autoras del informe, quienes denuncian asimismo la criminalización sistemática de estas personas.