Tras el último Consejo se producen los primeros pasos hacia una unión bancaria, pero las actuaciones que por fin buscaban España e Italia tardarán en llevarse a cabo, al menos hasta que haya una supervisión bancaria a nivel europeo. Y lo mismo ocurre con la unión fiscal, que necesitará de muchas reuniones más para poder implementarse.
Pero la cuestión ya no es el número de reuniones, sino la dificultad de éstas, porque como explicó Merkel ante sus medios, en algunos casos las recomendaciones económicas de la Comisión se convertirán en exigencias vinculantes (ahí está la famosa condicionalidad). De esta forma, cuanto más avanzamos en la integración económica más difícil se hace para los líderes apoyar las medidas necesarias, bajo el argumento de la pérdida de soberanía, y más antidemocrático se ve bajo la mirada de la ciudadanía, que no está dispuesta a regalar nada a un organismo que no tiene la sensación de manejar.
Pero la cuestión no es frenar el proceso de integración para solucionar el problema, que no haría más que agravarlo, sino impedir la división de conceptos entre unión económica y unión política. Por ejemplo, algo que no es nuevo pero ha pasado desapercibido en los medios, es la potestad de la Comisión de revisar los Presupuesto Generales de los Estados Miembros, algo que siempre ha sido competencia de los Parlamentos nacionales.
Los Presupuestos son el punto de partida de la actuación de un Estado, su razón de ser para un periodo de tiempo, y su control democrático es innegable para cualquier europeo. Pero la propuesta de que sea una Comisión Europea con poca conexión ciudadana la que lo regule, no deja de ser peligroso, sobre todo si la Comisión se supedita a los deseos de un país, como ha hecho Barroso con Merkel.
Si se va a una unión económica con mutualización de la deuda, o impuestos europeos es necesario que también exista un control europeo del gasto nacional, entre otras cosas para tranquilizar a los halcones del Norte. Pero como decía Nicolás Sartorius, la cuestión no es que Alemania vigile nuestros Presupuestos, sino que un Parlamento y Gobierno verdaderamente democrático controlen los desequilibrios a nivel del Mercado Único.
Y la reforma de la regulación financiera también va en esta línea. Finalmente, como quería la Canciller alemana, la supervisión bancaria no correrá a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), sino del BCE, institución supuestamente independiente de los vaivenes políticos europeos, que según su estructura viene a significar una dependencia de la visión económica alemana.
Soberanía europea
Como señalaba una encuesta reciente en El PAÍS, el sentimiento de abandono que tienen los ciudadanos por parte de las instituciones es ineludible y no merece un análisis externo a la crisis actual, sino como una de sus secuelas, y por tanto, merece también una solución a corto, y a largo plazo. Además, la falta de credibilidad de los mercados va unida a la falta de credibilidad de los ciudadanos más de lo que creemos, porque nada dará más credibilidad externa e interna de la «irreversibilidad del Euro» que la dependencia, no de 27 personas sentadas en un Consejo con más o menos visión, sino de un gobierno económico acorde con los deseos de los ciudadanos de la Unión.
De esta forma un refuerzo del papel del Parlamento Europeo también es capital. Es muy cuestionable que la única razón de haber contado con él, en las últimas reformas, haya sido para el desarrollo del Plan de Crecimiento de Hollande. Pero no sólo no me refiero a más poder institucional, sino al proceso político que las organizaciones y los partidos políticos europeos deberían de desarrollar. Empezando por presentar un candidato único a la Comisión en las próximas elecciones europeas, algo en lo que parecen estar trabajando -a instancias de los medios- los 10 ministros de exteriores del llamado «Club de Berlín». Pero otras propuestas igual de necesarias, como las listas electorales transnacionales, no han corrido la misma suerte, pues grupos como el Partido Popular Europeo terminaron tumbándola.
En definitiva, la frase del Ministro de Finanzas alemán «se pueden dar más derechos a Bruselas pero la población alemana tendrá que pronunciarse al respecto» debería de ser extendida a toda la población europea. Previa explicación de qué tipo de proceso se lleva a cabo, sus ventajas, sus inconvenientes, y sobre todo su valor, dejando de lado los respectivos nacionalismos. Y eso sólo se puede conseguir si se hace conjuntamente a nivel europeo y dándole incluso más relevancia que cualquier reunión crucial de los Jefes de Gobierno.
La idea de dejar el debate democrático «para mañana», como han señalado muchos líderes, incurre en el error de dividir las propuestas económicas de las políticas. Y además hablar de una Unión política tampoco específica si se busca mayor coordinación intergubernamental, o reforzar las Instituciones Europeas en todos los aspectos, y este debate no podemos dejarlo de lado. Porque, por ejemplo, cuando se habla del problema estructural del Euro que está detrás de esta crisis, en el fondo se cuestiona la idea que tuvieron los Gobiernos nacionales en 1999, al tratar de conservar la mayor autonomía posible en la toma de decisiones económicas, algo que ha sido indudablemente inadecuado.
Cuando el futuro de Europa sea decidido, de una forma u otra, por los más de 500 millones de ciudadanos europeos, deberán ser conscientes de que todo viene junto a una batería de medidas para llevar la soberanía popular al nivel de las decisiones económicas, es decir, al nivel europeo. En otras palabras, superar el concepto de soberanía nacional, y así dejar de escuchar frases como «cesión de soberanía» o «imposición de Bruselas»; algo que seguramente costará más tiempo y esfuerzo que llegar a cualquier tipo de unión bancaria.
No sé ustedes, pero yo ya estoy cansado de estar más pendiente de lo que diga la Comisión Presupuestaria del Bundestag, del Tribunal Constitucional alemán o del Budesbank, que de mi propia decisión soberana como ciudadano europeo para el futuro que están construyendo.
