Condenado en diversas causas por delitos de lesa humanidad, el exdictador fue hallado «en su celda, sin pulso ni reacción pupilar», según el parte médico del Servicio Penitenciario Federal. Tenía 87 años. Videla purgaba varias condenas en el Complejo Penitenciario Federal Número 2 de la ciudad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, en un pabellón en el que también están decenas de represores de la dictadura (1976-1983).

«Nunca maté a nadie», había dicho Videla, quien aparece como autor intelectual en todas las condenas por delitos contra lesa humanidad que le impusieron. Él mismo lo admitió en el libro «El Dictador», de los periodistas y escritores María Seoane y Vicente Muleiro. «No hubo ningún descontrol: Yo estaba por encima de todos», aseguró a sus interlocutores.

Para organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y observadores del proceso contra la impunidad de estos crímenes, la muerte de Videla en una cárcel común es todo un símbolo, pero no representa el final de ciclo sino un hito más. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, ha declarado que Videla «será recordado por los excesos más brutales y aterradores» del régimen de terror. «Pero lo importante aquí es que hubo justicia, hubo condenas y Videla ha muerto en la cárcel», precisa, y destaca que Argentina «dio un gran paso en el enjuiciamiento de estos crímenes erigiéndose en un modelo para la región y para el Sur global». No obstante, Belski advierte que con la muerte del dictador «el ciclo no se cierra. «Este es un proceso que sigue, que Argentina está liderando, pero que debe continuar dentro del país y en la región», remarca.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Mercado Común del Sur), el argentino Víctor Abramovich, ha declarado que la muerte de Videla en una cárcel común «es un hecho simbólico muy importante». «Hace 10 años esto era impensable. Hoy es el resultado de un proceso que tiene alcance regional, un proceso que marcha a distintas velocidades, con leyes distintas, pero que está generando debates muy interesantes en toda América Latina», señala el representante del bloque que conforman Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Abramovich, que ha sidoe vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que el hecho de que la muerte del dictador haya ocurrido en una prisión común «reafirma el principio de igualdad ante la ley». «Este proceso, con distintos ritmos, se está dando en Chile, Brasil, Perú, en Colombia, en Uruguay y en Guatemala, donde donde el 10 de mayo la justicia ha condenado a 80 años de prisión al exdictador José Efraín Ríos Montt», resalta.

En Argentina, ha juzgado a 422 represores desde 1983, la mayoría militares. De ellos, 378 han sido condenados y 44 absueltos, según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. El ritmo de los procesos se aceleró en los dos últimos años, con medidas como la acumulación de delitos cometidos en un mismo centro de detención ilegal. En 2012, concluyeron 24 juicios con 134 condenados y 17 absueltos.

Como parte del proceso contra la impunidad, la organización Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad a más de un centenar de jóvenes que habían sido secuestrados, siendo niños, junto a sus padres o que habían nacido en cautiverio. Algunos de aquellos niños y niñas, hoy ya adultos ocupan cargos en la función pública, Son legisladores nacionales, comunales o funcionarios del Poder Ejecutivo como el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

Videla encabezó en 1976, en su calidad de jefe del ejército, la junta integrada por los comandantes de las tres fuerzas militares tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Bajo su dominio (1976-1981), miles de personas fueron perseguidas, secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Registros gubernamentales que se actualizan paulatinamente incluyen más de 11.000 desparecidos, mientras organizaciones humanitarias elevan la cifra a 30.000.

Al finalizar en 1983 el régimen militar, los excomandantes pasaron a ser enjuiciados. En 1985 Videla fue condenado a reclusión perpetua por 66 asesinatos, 306 secuestros, 93 casos de tortura – cuatro seguidos de muerte- y 26 robos. Junto a otros miembros del ejército estuvo preso en un penal militar durante cinco años, con privilegios denunciados por medios periodísticos y organizaciones humanitarias. Pero en 1990 el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) los indultó.

Videla gozó de ese beneficio hasta 1998, cuando fue detenido por sustracción, apropiación y robo de identidad de niños y niñas nacidos en cautiverio, delitos por los cuales no había sido condenados y, por lo tanto, tampoco había sido indultado. Pero fue la declaración de inconstitucionalidad del indulto y de dos leyes finales de los años 80 con carácter de amnistía la que reactivó en la década pasada diversas causas en su contra. En 2010 fue condenado a cadena perpetua por crímenes en la provincia de Córdoba y en 2012 a 50 años de prisión por el secuestro de niños. También estaba procesado en otras causas por delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen en las provincias de Santa Fe, en el centro, y en Tucumán, en el norte.

En todos los casos, Videla denunciaba la presunta incompetencia de la justicia civil para enjuiciarlo y se autocalificaba de «preso político». Lo hizo inclusive el pasado día 14, en otra causa por los delitos del Plan Cóndor. Este plan fue la coordinación represiva de las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay para el intercambio de prisioneros. En su última comparecencia se le vio desmejorado, con dificultad para caminar y la voz trémula. Pero nunca se mostró públicamente arrepentido. Al contrario, se hacía responsable por los crímenes cometidos por sus subordinados.

En sus últimas declaraciones periodísticas, a la revista española Cambio 16 en marzo, exhortó a oficiales jóvenes a alzarse contra el gobierno de Cristina Fernández «en defensa de las instituciones de la república».