El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó el 23 de diciembre la Ley 19.172 de regulación de la marihuana (cannabis), pero su entrada en vigor será en abril, al cumplirse 120 días de su aprobación parlamentaria el 10 de diciembre y tras establecer el gobierno su reglamento.

Desde entonces todo el sector quedará bajo regulación y control del Instituto estatal de Regulación y Control de Cannabis, creado por una ley que tiene 44 artículos.

Antes, hay mucho por hacer. Entre lo más importante, definir el tipo de variedad que se plantará, quiénes la cultivarán y a qué coste, así como el precio al que se adquirirá en las farmacias.

También deberán establecerse los registros de cada actividad involucrada y de los llamados clubes de cannabis, para asegurar la trazabilidad de la hierba legal.

Organizaciones sociales y activistas estudian el modelo productivo de marihuana que garantice su alta calidad y su precio adecuado y que, además, involucre a pequeños y medianos productores uruguayos y evite que empresas extranjeras se apropien de la actividad.

El objeto de la ley fue «poner la disponibilidad de marihuana para los usuarios en manos del Estado o bajo control del mismo», nos explica el senador Roberto Conde, del Frente Amplio, de izquierda moderada en el gobierno.

En Uruguay el consumo de marihuana estaba despenalizado desde los años 70, pero su cultivo, distribución y venta permanecían en la ilegalidad.

«No se está constituyendo un mercado libre de drogas ni de marihuana. A la marihuana se podrá acceder por autocultivo individual, en clubes cannábicos o a través de la venta en farmacias, bajo presentación de documento de identidad», explica Conde, quien fue ponente del proyecto de ley en el Senado.

La marihuana legal solo estará disponible para los residentes en Uruguay, en una cantidad máxima de 40 gramos mensuales (unos 40 cigarrillos), para quienes se inscriban en un registro especial. El autocultivo del cannabis psicoactivo estará limitado a seis plantas y 480 gramos anuales de recolección.

«Es lo que técnicamente se estima como lo razonable para que no se caiga en un uso problemático de la droga», dice el senador.

Para Martín Collazo, del colectivo Proderechos, la salud pública será el área más beneficiada con la ley. «El 85 por ciento de los usuarios de drogas ilegales en Uruguay consumen solo marihuana», con lo que el mercado ilegal podría caer en ese porcentaje.

«El contacto con el mercado clandestino facilita el acceso a otras sustancias, como la cocaína o la pasta base, que se venden en los mismos lugares», explica Collazo, quien también integra la coalición Regulación Responsable, conformada por organizaciones y personalidades a favor de regular la marihuana.

Está también pendiente el precio al que se venderá en las farmacias. Collazo estima que el precio del gramo de cannabis debe estar entre un dólar y 1,50, su valor en el comercio ilegal.

«En la calidad hay una ventaja comparativa muy grande» porque la hierba ilegal «es muy mala», planteó el activista. Pero advierte que no puede venderse más cara «porque entonces habría un sector de la población que seguiría comprando en el mercado negro».

Desde noviembre, Proderechos trabaja con agrónomos y economistas y ya ha formulado modelos productivos que confirman que se puede producir marihuana en Uruguay a ese precio.

El Centro estadounidense de Investigación sobre Políticas de Drogas de California plantea que la producción y el comercio ilegal son más caros por sus elevados costes de seguridad, transporte y protección de la mercancía.

Collazo cree que la práctica confirmará hasta qué punto esto es cierto. Si la marihuana tiene que ser barata, dice, es probable que su calidad sea inferior a la que se vende en Holanda, donde esta droga se vende legalmente en establecimientos especiales.

«Pero no tenemos que llegar a esa calidad en el primer año. Eso tiene que ser un proceso paulatino de desarrollo de la cadena productiva», afirma.

Explica que, a nivel de productor, la elaboración de una tonelada de marihuana de buena calidad podría costar unos 250.000 dólares, es decir entre 0,25 y 0,30 dólares el gramo, «en un esquema de baja tecnificación y de una a dos cosechas anuales».

El especialista puntualiza que en el mercado clandestino actual se vende el «prensado procedente de Paraguay, que tiene hoja, tallo, muy mala flor y aditivos como amoníaco, que se le coloca al ladrillo para que no se seque durante el transporte».

«Ahora hablamos de vender cogollo», una flor sin hoja y sin tallo que, aunque no sea grande o hermosa, «es una flor de excelente calidad», dice. «Estamos generando nuestra propia información con distintos profesionales y estamos generando propuestas que después presentaremos formalmente», explica el miembro de Regulación Responsable.

El objetivo, dice, «es generar esquemas de producción que sean fácilmente asumibles por pequeños y medianos productores a costes razonables y que coloquen marihuana en el mercado a un precio similar al del mercado negro».

En Uruguay, de hecho, ya hay cultivadores de marihuana, con variedades supuestamente estandarizadas.

Sobre la posibilidad de garantizar la trazabilidad de la droga que circule en el nuevo mercado regulado, Collazo opina que «se puede intentar que quienes producen para farmacia produzcan siempre las mismas variedades».

Si los cultivadores «toman las variedades habilitadas y producen a partir de esquejes que se toman de la planta madre, siempre vas a tener la misma situación genética», afirma. Esa trazabilidad se pierde solo cuando los productores introducen nuevas variedades.

En el esquema de alta regulación y control del mercado que regirá para la marihuana uruguaya, el especialista opina que será fácil mantener la trazabilidad para la venta en las farmacias. Pero «en los autocultivos y en los clubes de cannabis ya habría que analizar otras cosas, porque es una conducta mucho más difícil de controlar», dice.

El senador Conde, en cambio, lo ve fácil «porque desde el punto de vista científico los avances hoyson tan enormes que se puede hacer una trazabilidad molecular de la sustancia, y en Uruguay hay tecnología suficiente muy desarrollada, y la que no la haya la pediremos».

«No se fijará un precio sino una tasa que deberá pagar un usuario por el servicio público de poner a disponibilidad del usuario un producto químicamente controlado desde todo punto de vista», puntualiza.

Conde añade que en el gobierno «es un punto en discusión» si el Estado subsidiará en alguna forma la marihuana.

«Esto va a definirse dentro de los 120 días de reglamentación de la ley. No sé si será necesario o no un subsidio para implementarla. Si fuera necesario, no sería un subsidio aislado, sino un coste más de nuestra política general de salud», dice.

En Uruguay, un país con 3,3 millones de habitantes, hay entre 18.000 y 20.000 consumidores permanentes de marihuana y entre 79.000 y 100.000 personas que la consumen ocasionalmente cada mes.