Cristina tiene doce años y tres hermanos; el mayor, Ángel, de 18 años, y dos pequeños, Manolo de cinco y Miguel de tres. Viven con su madre y con el padre de sus hermanos pequeños en un piso ubicado en un barrio humilde de una gran ciudad. Todos ellos sobreviven con un sueldo de entre 800 y 1000 euros. «La crisis afecta a las personas, a mí y a todos. Hay mucha gente que no trabaja y que no tiene qué comer ni ropa para vestirse», afirma Cristina.

No es un ejemplo rebuscado. En la misma situación hay ahora mismo en España casi tres millones de niñas y niños que crecen en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación supone un obstáculo para poder disfrutar plenamente de los derechos que tienen reconocidos los más pequeños, subraya el informe de Save the Children '2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión', que recoge la vida de Cristina junto a la de otras once personas.

En el Estado español malvive en una situación crítica una de cada tres criaturas (el 33,8 por ciento), lo que les convierte en la población más vulnerable. El porcentaje ha crecido en los últimos años, evidenciando una relación directa entre la crisis y el empobrecimiento de la infancia, y es en todo caso más elevado que el de la media europea. En concreto, el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social en España es el octavo de la Unión Europea, sólo superado por Bulgaria (52,3), Rumanía (52,2), Hungría (40,9), Letonia (40,5), Grecia (35,4), Italia (34,3) e Irlanda (37,6).

Según los últimos datos de la Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida publicados por Eurostat, de noviembre de 2013, el 27,7 por ciento de los menores de 18 años en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea estaban en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, frente al 25,7 por ciento de los adultos (entre 18 y 64 años) y el 19,7 por ciento de los mayores de 65.

Según los mismos datos de Eurostat, un 47,8 por ciento de los niños y las niñas de familias monoparentales de los 28 países de la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, situación similar a la del caso español (45,6 por ciento). Por su parte, el 61,1 por ciento de los niños y las niñas cuyos progenitores no alcanzaron la educación secundaria se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, cuando en España la cifra representa el 57,6 por ciento.

Además, el 33,8 por ciento de los niños y las niñas en cuyas familias al menos uno de los progenitores es de origen extranjero se encuentra en riesgo de pobreza relativa, dato que en España se eleva hasta el 49,2 por ciento.

La siguiente tabla refleja la tasa de niños y niñas bajo el umbral de pobreza relativa en la Unión Europea, en la zona euro, en España y en Francia, antes y después de las prestaciones o transferencias sociales:

Como se observa, el 29,9 por ciento de las niñas y niños está por debajo del umbral de la pobreza en España, incluso después de las transferencias sociales. El porcentaje en la UE es del 21,4 por ciento y en los países de la zona del euro del 20,6. Además, el caso español está diez puntos por encima del francés (19 por ciento).

Necesidad de inversión

«¿Yo calculo mal al tomar una decisión, entonces todo cambia y empieza a torcerse... y son mis hijos de 11 y 4 años quienes pagan por ello?», se pregunta la madre de Lucas y Eva. La protección de los más pequeños frente a la situación de pobreza y exclusión social es una obligación contraída por los Estados al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño a pesar de que, como denuncia la oenegé en el informe, «en España no existe una política para abordar la pobreza infantil de manera específica». Los 17 millones de euros que ha anunciado el Gobierno para luchar contra la pobreza infantil son «insuficientes» para la organización, ya que no van acompañados de «una política específica», según han remarcado en la presentación del informe.

«Todos los niños y las niñas, especialmente los que se encuentran en situación de pobreza, se benefician de una mayor inversión pública y un mejor uso de los recursos de la sociedad para la realización de sus derechos», afirman desde Save The Children, considerando que la inversión en política social en general y en infancia en particular está lejos de considerarse como una inversión.

El estudio, de 124 páginas, recoge que el porcentaje del PIB destinado a las políticas de protección social es del 25,19 por ciento, quedando 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea (28,23 por ciento). El gasto en políticas de protección a la infancia y las familias es del 1,5 por ciento del PIB, «algo más de la mitad que en la Unión Europea en proporción al PIB», según el Consejo Económico y Social.

Incoherencia de políticas

«Toma mamá, estos 30 euros del premio son para que pagues la factura del agua», le dice Lara, de 11 años, a su madre. «Dado que la mayoría de los que viven en la pobreza son niños, y que la pobreza en la infancia es una causa básica de pobreza en la vida adulta, los derechos de los niños deben tener prioridad. A fin de erradicar la pobreza, los Estados deben adoptar medidas inmediatas para combatir la pobreza en la infancia», ha afirmado Magdalena Sepúlveda Carmona, Relatora Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos

La Comisión Europea también recuerda que luchar contra la pobreza infantil es una inversión. Pero en este tema las recomendaciones y obligaciones europeas son contradictorias, como pone de relieve Save The Children. «No deja de resultar contradictorio que sean órganos de la propia Unión Europea quienes recomienden la aplicación de medidas económicas que hacen prácticamente imposible cumplir con los objetivos que, en materia de inclusión social y de lucha contra la pobreza infantil, se fijan desde otros órganos comunitarios». Y es que, la contención del gasto público sigue marcando las decisiones del Gobierno, con la actuación política supeditada al cumplimiento de los objetivos de contención del déficit público fijados por las autoridades financieras de la Unión Europea. Una total «incoherencia» de políticas, afirman desde la oenegé.

«Los niños que crecen en una situación de pobreza y exclusión social tienen menos probabilidades de tener éxito en el colegio, de disfrutar de una buena salud y de desarrollar todo su potencial en el futuro. Los análisis de correlación entre los logros educativos de los padres y los de los niños sugieren que las personas de familias desfavorecidas siguen enfrentando importantes obstáculos en la realización de todo su potencial y alcanzar mejores niveles de vida», apunta el Comité de la Unión Europea para la Protección Social. Precisamente, la misma situación en la que crecen en España 2.826.549 niños y las niñas, como Cristina y sus hermanos.