Cada año el fraude y la evasión fiscal hacen que se pierda en la UE alrededor de un billón de euros. «Una pérdida escandalosa» en opinión de la Comisión Europea y un robo para los que pagan puntualmente sus impuestos, que generalmente son los que menos dinero tienen.

El comisario de Fiscalidad Algirdas Šemeta ha presentado un plan de acción conjunta que contiene más de 30 medidas para luchar contra esa lacra de la sociedad. Que los Estados miembros actuaran unidos en este terreno permitiría, dice la CE, mejorar el funcionamiento del mercado único y tener más peso en las conversaciones con la OCDE y el G-20.

En primer lugar propone identificar a los paraísos fiscales y publicarlos en una lista negra en cada país y en una lista común a todo los Estados miembros. En segundo lugar corregir los tecnicismos y las lagunas de la legislación fiscal que permiten a algunas empresas buscarle las vueltas para pagar menos o no pagar impuestos, en lo que se entiende por planificación fiscal agresiva. Se trata de actuar dentro de la letra de la ley, pero sin respetar el espíritu de la ley. Esta forma de comportamiento fiscal ha ido siendo cada vez más transfronteriza y más sofisticada.

También se propone crear un código del contribuyente, un número de identificación fiscal de la UE y establecer unas normas comunes que sirvan para rastrear los flujos del dinero.

La CE está revisando los acuerdos con Suiza y Liechtenstein y otros diez territorios de fuera de la UE que incluyen a Jersey, Guernsey, la Isla de Man, las Islas Caimán o Aruba.

Los países deben cumplir el Código de Conducta fiscal, por el que no pueden introducir medidas fiscales que se consideren perjudiciales como, beneficios fiscales para algunas empresas; beneficios fiscales para no residentes o transacciones con no residentes; beneficios fiscales para actividades que se aislan de la economía nacional y no tienen impacto en la base fiscal nacional (ring-fencing); beneficios fiscales a pesar de la ausencia de cualquier actividad económica real; salirse de las normas internacionales (sobre todo de la OCDE) para establecer beneficios a empresas multinacionales o falta de transparencia.