UNESID, asociación empresarial de la siderurgia española, ha recurrido ante los tribunales la Orden Ministerial IET 2013/2013, de 31 de octubre, que modifica el régimen de interrumpibilidad para grandes consumidores eléctricos, solicitando además su suspensión cautelar.

UNESID –con el despacho Ramón y Cajal como letrado- ha recurrido la Orden Ministerial, solicitando también la suspensión cautelar de su vigencia por los graves daños que su implantación puede suponer para la industria siderúrgica española que corre el riesgo de cierres definitivos de instalaciones con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

UNESID ha aportado al recurso un estudio técnico-económico elaborado por KPMG.

Desde que el Ministerio de Industria aprobase la citada Orden Ministerial, UNESID ha venido denunciando, tanto públicamente como en comunicaciones a la Administración, que esta nueva regulación supone un perjuicio gravísimo para la competitividad de la siderurgia española, siendo determinante para la subsistencia de este sector industrial en nuestro país.

El sector siderúrgico exporta anualmente productos por valor de más de 8.000 millones de euros y mantiene -entre empleo directo e indirecto- más de 60.000 puestos de trabajo, siendo uno de los pilares básicos de nuestra industria nacional. Las fábricas españolas del sector, consideradas entre las más competitivas de la Unión Europea, han realizado ya un ajuste máximo de su estructura de costes y de producción a la crítica situación de crisis económica y financiera que sufre el país. Ese fuerte proceso de ajuste ha incluido reducciones salariales, acordadas con los representantes de los trabajadores, cuyos efectos han sido ya sobrepasados por el aumento de la factura eléctrica como consecuencia de los cambios regulatorios.

La siderúrgica es una industria de empleo de alta cualificación que presenta unos niveles de estabilidad laboral muy por encima de la media, siendo un motor fundamental en la economía y el bienestar de las zonas en las que está implantada.

El sector siderúrgico nacional compite en todo el mundo, exportando sus productos en libre competencia a más de 120 países dentro y fuera de la Unión Europea. Sin embargo, difícilmente puede competir en igualdad de condiciones cuando afronta un coste eléctrico muy superior al de cualquiera de sus competidoras francesas, alemanas y portuguesas.

Al igual que otras industrias electro-intensivas, la siderurgia presta un servicio al sistema eléctrico mediante la modulación de su consumo, centrándolo en lo posible en los periodos de menor demanda (noches y fines de semana), y ofreciendo sus instalaciones para garantizar la operación de la red mediante la opción de interrumpir su consumo. Este servicio, que ha requerido a la industria siderúrgica cuantiosas inversiones económicas y grandes cambios organizativos, viene funcionando a plena satisfacción del sistema eléctrico desde hace muchos años. En contraprestación al servicio, las empresas obtienen una remuneración adecuada y proporcional.

El Ministerio ha decidido, de forma unilateral, modificar radicalmente el servicio de interrumpibilidad, con nuevas condiciones que, a juicio de UNESID rayan en la arbitrariedad, incluyendo otros criterios no técnicos en la gestión del sistema que harán muy difícil su aplicación.

La industria siderúrgica ni quiere, ni solicita subvenciones, ni ayudas, ni aquí ni en ningún otro sitio. La siderurgia española simplemente necesita y demanda costes energéticos homologables con los de otros países, que le permitan mantener la competitividad exterior. Esta necesidad se agudiza en un momento en que las empresas siderúrgicas españolas luchan por sobrevivir; no se trata de una reducción en los beneficios, se trata de ser o no ser, de mantener o no la actividad industrial y su empleo asociado.

UNESID reitera al Ministerio de Industria su total disposición al diálogo.

La industria siderúrgica española supone el 4,6% del PIB industrial. En 2012 produjo 13,6 millones de toneladas de acero bruto. El consumo aparente de productos siderúrgicos en 2012 fue de 10,6 millones de toneladas. El sector es netamente exportador (71% de la producción), alcanzando el 4% de las exportaciones españolas de bienes.

Innovación, eficiencia, sostenibilidad y seguridad laboral son principios que rigen la estrategia del sector, que se reconoce como un factor fundamental de la nueva economía verde. Cada tonelada producida conlleva 7 euros en inversiones medioambientales. La industria siderúrgica realiza un uso eficiente de los recursos hasta aprovechar casi el 80% de los residuos y subproductos que genera en el proceso.

UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española, que aglutina 46 empresas, que emplean a 60.000 personas –además de las 20.000 que intervienen en la recolección de chatarra- y facturan en su conjunto 13.000 millones de euros.