Los expertos de la AEMA apuestan por un cambio en los sistemas tributarios nacionales, de forma que la carga de impuestos sobre el trabajo se trasladara en parte a las actividades dañinas para el medio ambiente, como la contaminación o el uso no sostenible de recursos.

Además de evidentes beneficios medioambientales, una reforma fiscal en este sentido, tendría –aseguran- otros efectos positivos: encarecer determinados productos o actividades nocivas, redistribuir los ingresos extraordinarios que se consigan, crear empleo y fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo de energías renovables, que además pueden exportarse a nivel mundial.

Los estudios realizados se basan en una hipótesis europea, pero parten del análisis de las políticas ya practicadas en Alemania y Holanda. Dicen los técnicos de la AEMA que los impuestos ambientales aplicados por el gobierno de Berlín han permitido recortar las contribuciones al sistema de pensiones y han creado unos 250.000 empleos.

El riesgo de aplicar una reforma fiscal ecológica es que asegure correctamente la distribución de costes y beneficios y de combinar adecuadamente incentivos económicos y medioambientales. Las simulaciones realizadas por la Agencia de Medio Ambiente dan resultados que se traducen en beneficios para casi todos los grupos socioeconómicos, implantando un impuesto sobre la energía que permita, con los ingresos obtenidos, reducir los pagos a la seguridad social y el impuesto sobre la renta.

Este modelo aplicado a Alemania muestra, sin embargo, que los más pobres de la escala social podrían perder un 1% de su renta disponible en 2020, a los que habría que compensar con los beneficios conseguidos.

Otros estudios sobre el papel sugieren que aumentar el precio de la emisión de una tonelada de dióxido de carbono a 68 € crearía 152.000 puestos de trabajo en 2020, siempre tomando como modelo el mercado alemán. Pero, en general, aplicar esta reforma fiscal ecológica y cumplir los compromisos comunitarios de reducción de emisiones de efecto invernadero aumentaría el empleo en más de un millón de puestos de trabajo con unos costes que solo repercutirían en un 0,04% en el PIB.