Representantes del gobierno y del sector privado de ambos países se reunieron en la segunda Conferencia de Desarrollo Empresarial Estados Unidos-Marruecos el 10 y el 11 de este mes en Rabat.

El gobierno marroquí espera capitalizar el acuerdo de libre comercio firmado en 2006 con Washington, presentándolo como una puerta de entrada a los mercados de Europa, Medio Oriente y África, y alentar las inversiones estadounidenses.

«En Marruecos están ocurriendo muchas cosas, y la gran pregunta es cómo realzar aquello que puede atraer las inversiones estadounidenses y que luego puedan dirigirse a un mercado europeo o al sur, a los mercados africanos», dice Jean AbiNader, director ejecutivo del Centro Marroquí Estadounidense de Comercio e Inversiones, creado por el rey Mohammad VI.

En su política energética, Marruecos ha hecho especial énfasis en la exploración de petróleo y gas.

En la conferencia de esta semana, empresas participantes, como Dow Chemical, tuvieron la opción de asistir a sesiones sobre el sector energético del país, subrayando el potencial del reino en materia de inversiones tanto en fuentes renovables como en las basadas en el carbón.

Aunque los inversores internacionales en energías renovables favorecen desde hace tiempo a Marruecos, habilitando la construcción de plantas solares y parques eólicos, corporaciones estadounidenses y europeas también procuran concesiones para exploraciones petroleras, algunas de ellas en el Sahara Occidental.

Ese territorio está ocupado casi en su totalidad por Marruecos, pero la soberanía marroquí sobre la zona no está reconocida por la comunidad internacional.

Una de las firmas interesadas es Kosmos Energy, con sede en Texas, que ya inició exploraciones marítimas de hidrocarburos en tres bloques de la cuenca de Agadir. El proyecto más polémico es la exploración petrolera que Kosmos intenta iniciar en octubre en Cabo Bojador, en la costa norte de Sahara Occidental.

Organizaciones como Western Sahara Resource Watch (WSRW) cuestionan la legalidad de los negocios de empresas extranjeras con el gobierno marroquí para explotar recursos del Sahara Occidental.

Rabat «no está dispuesto a permitirle al pueblo (saharaui) el derecho a la autodeterminación, y la industria del petróleo se está volviendo un obstáculo para presionar a Marruecos para que acepte ese derecho», dice el presidente de WSRW, Erik Hagen.

«Los saharauis están al margen de este proyecto, moviendo los brazos y diciendo a las empresas que dejen de hacer esto en nombre del gobierno marroquí. (Estas compañías) están trabajando con un gobierno ocupante», añade.

La Opinión Corell

Marruecos tomó el control del territorio, al que llama Provincias del Sur, tras un polémico acuerdo en 1976 con España, hasta entonces la potencia colonial.

Pero contra la ocupación marroquí se alzó en armas el Frente Polisario, respaldado por Argelia, y declaró la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Tras años de conflicto armado, la comunidad internacional estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental (Minurso) en 1991.

La Minurso recibió el mandato de velar por un alto el fuego y organizar para 1992 un referendo sobre el futuro del territorio, pero la votación nunca se realizó debido a desacuerdos sobre quiénes podían votar. El Frente Polisario se oponía a que colonos marroquíes en el Sahara Occidental participaran en la consulta.

Hasta la fecha, ningún otro estado reconoce la soberanía marroquí sobre Sahara Occidental, que está en la lista de Territorios No Autogobernados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 2002, Marruecos otorgó contratos de exploración petrolífera en el territorio a una empresa con sede en Estados Unidos, Kerr McGee, y a la francesa Total S.A.

En respuesta, la ONU emitió lo que se conoce como Opinión Corell, relativa a la legalidad de la extracción de recursos en Sahara Occidental. Su autor es el ex subsecretario general de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell.

Sin embargo, desde entonces, tanto firmas energéticas multinacionales como organizaciones que apoyan los intereses del Sahara Occidental han interpretado de manera diversa la postura de la ONU. La Opinión Corell reconoce a Marruecos como la potencia administrativa de facto en el Sahara Occidental.

Pero también establece que, «aunque los contratos específicos... no son ilegales en sí mismos, si mayores actividades de exploración y explotación procedieran sin respetar los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, estarían en violación de los principios del derecho internacional aplicables a actividades de recursos minerales en Territorios No Autogobernados».

AbiNader cree que las actividades extractivas de Marruecos están creando beneficios económicos netos para la población local saharaui, como estipula la Opinión Corell. OCP, la empresa estatal de fosfatos de Marruecos, «ha hecho un trabajo realmente exhaustivo», dice.

«Dieron participación a (la consultora estadounidense) PricewaterhouseCoopers e hicieron un estudio de dos años sobre quién se estaba quedando con los beneficios de la mina Bou Craa en Sahara Occidental», señala.

«Resulta muy claro que no está contribuyendo realmente con su fin primordial, pero está creando empleos; está creando valor añadido a la población de la comunidad», mantiene.

También citando la Opinión Corell, Kosmos Energy sostiene que, como Marruecos afirma distribuir de modo equitativo y justo los recursos entre la población saharaui, la exploración y potencial extracción petrolera en el territorio cumplirá con los estándares legales de la comunidad internacional.

En una declaración, Kosmos cita un informe de 2013 del Consejo Económico, Social y Ambiental del rey Mohammad VI. Este señala que «el objetivo del Consejo es contribuir con el esfuerzo colectivo requerido para cumplir el desafío de lograr la cohesión social, la prosperidad y el beneficio equitativo a partir de los recursos» del Sahara Occidental.

Sin embargo, Hagen dice que duda de las intenciones del gobierno marroquí de compartir adecuadamente la riqueza con los saharauis. Además, indica que ellos no quieren que el gobierno marroquí y las corporaciones multinacionales exploten sus recursos, lo que, sostiene, convierte en ilegales las actividades de Kosmos en el marco de la Opinión Corell.

Hagen también expresa su preocupación por los frecuentes abusos a los derechos humanos, tanto en Sahara Occidental como en el mismo Marruecos.

«El informe 2013 del relator especial de la ONU sobre la Tortura es muy ilustrativo de cómo las personas son abusadas o torturadas mientras están bajo custodia policial, y eso es frecuente», dice Hagen. «Cada semana oímos informes sobre saharauis que fueron arrestados por la policía durante un par de días o un par de horas y luego fueron liberados».

WSRW no solo reclama que Kosmos abandone sus planes de realizar exploraciones en el Sahara Occidental, sino que también urge a una firma perforadora con sede en Estados Unidos, Atwood Oceanics, a no darle a Kosmos la plataforma que encargó para su uso en Cabo Bojador.

Ni Kosmos ni Atwood han respondido a las preguntas de IPS en el momento de publicar este artículo.