Un tribunal francés ha estimado que TÜV «faltó a sus obligaciones de control y vigilancia» y condena a la empresa a indemnizar a los importadores y a las víctimas. La sentencia obliga a TÜV a prever una provisión de fondos de 3.000 euros por víctima hasta que se hagan evaluaciones de cada una de ellas.

Este juicio era fundamental para que se designara a un responsable de las indemnizaciones ya que los cinco exdirectivos de la empresa fabricante, PIP, acusados en el proceso penal, que se realizó el pasado mayo en Marsella, son insolventes.

Más de 1.600 mujeres portadoras de las prótesis portadoras de las prótesis han pedido un total de 53 millones de euros, 16.000 euros cada una y seis distribuidores, un brasileño, un mexicano, un búlgaro, un italiano, un sirio y un rumano, reclaman 28 millones de euros por daños y perjuicios.

TÜV, era la firma encargada de certificar los implantes pero según los denunciantes no lo hizo nunca.

La empresa fabricante era avisada de la visita de los controladores y de esa forma pudo evitar que comprobaran la mala calidad de sus prótesis. TÜV solo examinaba los documentos. Olivier Aumaitre, uno de los abogados de los distribuidores dijo en el juicio que «habría bastado con examinar una sola de los cientos de miles de prótesis».

TÜV apelará el veredicto que ha sido calificado como «valiente». El tribunal ha considerado que la empresa certificadora «no podía contentarse con controlar papeles». Por su parte los abogados defensores señalaron que había aplicado «estrictamente la reglamentación en vigor» añadiendo que «No era TÜV la que ponía la marca CE en las prótesis».

Después del escándalo de las prótesis mamarias PIP la UE está reformando su reglamentación en la que se incluirá, entre otros requisitos, que se realicen controles sin avisar.