El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, ha dicho este miércoles 3 que el comité encargado de la investigación, denominada Examen Externo Independiente, tendrá un amplio alcance, y ha ñadido que en los próximos días se dará a conocer el nombre de sus integrantes.

La investigación no solo examinará el tratamiento que recibió la denuncia específica sobre los abusos perpetrados en el país africano por soldados no vinculados a la ONU, sino que también abarcará una amplia gama de cuestiones sistémicas relacionadas con la forma en que el foro mundial responde a informaciones graves de este tipo.

La creación del comité investigador también es consecuencia de las fuertes críticas que organizaciones de la sociedad civil dirigieron a la ONU por su presunto «encubrimiento» y por no haber reaccionado con la debida rapidez. Entre otros cargos, los soldados franceses fueron acusados de dar alimentos a cambio de mantener relaciones sexuales con menores de edad y adolescentes en situación de hambre.

Paula Donovan, codirectora de la organización AIDS-Free World (Mundo Libre de Sida), que ayudó a difundir la noticia del ocultamiento del informe sobre los abusos sexuales en República Centroafricana, dice haber recibido con beneplácito la creación del comité. «Fue un paso en la dirección correcta», opina. Pero también advierte de que la comisión investigadora no debe incluir a funcionario alguno de la ONU o de la Secretaría de la organización mundial, sobre todo porque estos no pueden investigarse a sí mismos.

Donovan espera que la investigación no sea una débil excusa para permitir que el personal de la ONU se niegue a comentar sobre los abusos sexuales vigentes o futuros en ese país debido a que «la comisión está trabajando». Entre otros requisitos, las organizaciones de la sociedad civil exigen que la comisión tenga facultades para citar testigos con el fin de fortalecer el alcance de la investigación.

Como informó Dujarric a los medios de comunicación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, «está profundamente perturbado por las acusaciones de abuso sexual por parte de soldados en República Centroafricana, así como por las denuncias de cómo fue manejado esto por las diversas partes involucradas del sistema de Naciones Unidas».

Con esta investigación Ban quiere asegurarse de que la ONU no les falle a las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando el delito lo perpetran aquellos que deberían protegerlas, añade.

En un comunicado difundido el miércoles 3, AIDS-Free World, que en las últimas semanas ha lanzado la campaña Código Azul para exigir respuestas por los abusos cometidos en República Centroafricana, dice que a Ban le esperan tres desafíos. En primer lugar, la investigación debe ser verdaderamente externa e independiente. Ningún miembro del personal existente de la ONU debe ser designado para investigar ni para actuar como secretaría de los investigadores.

En segundo lugar, hay que entender que los altos funcionarios del propio personal del secretario general tendrán que someterse a la investigación. Eso debe incluir al nivel de los subsecretarios generales ya que nadie puede quedar excluido, ya sea el director de la Oficina de Ética o el propio jefe de gabinete de Ban.

«Al parecer, todos ellos actuaron de manera inadecuada en respuesta a los terribles acontecimientos en República Centroafricana», según el comunicado de AIDS-Free World. En tercer lugar, la referencia en el anuncio del secretario general al examen de «una amplia gama de cuestiones sistémicas» es crucial para la investigación.

«Lo que ocurrió en República Centroafricana fue una atrocidad, pero el hecho de que la ONU mantuviera silencio durante casi un año tras su propio descubrimiento de los abusos sexuales generalizados por las fuerzas de paz (aunque no fueran tropas de la ONU) es en sí mismo un amargo comentario acerca de la política de 'tolerancia cero' de la secretaría general» con respecto a este tipo de desmanes, subraya el comunicado.

«Si el señor Ban Ki-moon y los Estados miembros quieren rescatar la tolerancia cero, deben limpiar al sistema de la ONU de su negligencia y mala conducta de una vez por todas», subraya. En 2014 hubo más de 50 casos de abusos sexuales de efectivos que tenían el apoyo de la ONU, aunque se cree que el número real es mucho mayor.

La existencia de la inmunidad diplomática permitiría que los responsables queden impunes y eviten las restricciones legales. Una propuesta, presentada en 2008, para que un convenio internacional sancionara a los acusados ​​de delitos sexuales en las operaciones de la ONU en el extranjero nunca llegó a nada.

Pero en el contexto de la actual campaña Código Azul, la propuesta podría retomarse, a pesar de que contaría con la oposición de los países en desarrollo que proporcionan la mayor parte del personal a las 16 operaciones actuales de mantenimiento de la paz, con un total estimado de 106.595 efectivos militares y 17.000 funcionarios civiles.

Los mayores contribuyentes de las fuerzas de paz son Bangladesh (9.307 soldados), Pakistán (8.163), India (8.112), Etiopía (7.864) y Ruanda (5.575), según las últimas cifras de la ONU.