La ley exigirá también a los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otras entidades, a que sean más vigilantes con las transacciones hechas por sus clientes.

En la UE se blanquea entre un 2% y un 5% del PIB favorecido por el anonimato de las empresas y las cuentas en el extranjero que ocultan transacciones financieras poco claras. La creación de un registro central de la propiedad ayudará a levantar el velo de secreto de las cuentas en el extranjero y servirá en gran medida para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Cuarta directiva contra el blanqueo

El borrador aprobado este martes por las comisiones parlamentarias dará forma a la cuarta directiva europea contra el blanqueo de capitales y obligará por primera vez a los Estados miembros a mantener registros centrales donde se publicará información sobre los propietarios finales de las empresas, las personas jurídicas corporativas y otras, así como fideicomisos.

Este registro central no estaba previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea, pero para los eurodiputados se ha convertido en una prioridad y han conseguido incluirlo en varias enmiendas durante sus negociaciones con el Consejo. El objetivo clave es aumentar la transparencia, lograr que las transacciones dudosas sean más difíciles de ocultar y combatir el lavado de dinero y el delito tributario.

Según el acuerdo, el registro central sería accesible a las autoridades nacionales competentes y a sus unidades de inteligencia financiera (sin restricciones), así como a las entidades bancarias o público «con interés legítimo», que podrá acceder tras registrarse a través de internet y pagar una tasa que cubra los gastos administrativos.

«Interés legítimo» de acceso

Cualquier persona u organización que pueda demostrar un «interés legítimo», como los periodistas de investigación y otros ciudadanos interesados, también podrán acceder a la información sobre el beneficiario de cada empresa: el nombre del dueño, mes y año de nacimiento, nacionalidad, residencia y detalles sobre la propiedad. Cualquier exención al acceso proporcionado por los Estados Miembros sólo será posible en «circunstancias excepcionales» y tras justificarse debidamente en cada caso.

Los eurodiputados también han logrado modificar varias disposiciones del texto para asegurar una mayor protección de los datos personales.

«Personas expuestas políticamente»

El acuerdo también aclara la disposición sobre las «personas políticamente expuestas», o aquellos con mayor riesgo de corrupción debido a la posición o cargo político que ejerce, como los Jefes de Estado, miembros del gobierno, jueces de los tribunales supremos y miembros de parlamentos, así como sus familiares.

Cuando existen relaciones comerciales de alto riesgo con este tipo de personas, deberán aplicarse medidas adicionales de transparencia, por ejemplo, para establecer el origen del patrimonio y de los fondos involucrados.

Este acuerdo preliminar debe ser refrendado por el Pleno de la Eurocámara (en marzo o abril) y por el Consejo. Los Estados Miembros tendrán entonces dos años para aplicar la directiva a su legislación.