Tras la publicación el pasado miércoles 18 de septiembre de un auto que ordena la detención de cuatro altos funcionarios policiales y de la Guardia Civil acusados de torturas y abusos en el ejercicio de su actividad durante los años finales del franquismo, varios sectores de la sociedad española que luchan por la recuperación de la memoria histórica convocaron este lunes un encuentro para explicar qué supone este primer paso y cómo lo están viviendo.

Todos celebraron que por fin se haya iniciado este proceso, que es el único abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo. Los cuatro individuos sobre los que se ha dictado la orden de detención son el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

La primera en intervenir fue María Garzón, una de las impulsoras de la llamada Comisión de la Verdad, una comisión evaluadora paralela al sistema judicial que busca, por un lado, la reparación simbólica de los daños cometidos a través de una «petición pública de perdón en sede parlamentaria por parte del Estado por los crímenes cometidos» y «poder conformar una verdad objetiva sobre lo ocurrido en la dictadura», en sus propias palabras.

El segundo objetivo que persigue esta Comisión es conseguir, tras el parón sufrido por la reducción a cero de los fondos para la Ley de la Memoria Histórica y el cierre de la posibilidad de abrir procesos penales en España, poder ayudar precisamente a reanudar esos procesos y ampliarlos, a través de la derogación de la Ley de Amnistía.

María Garzón también habló de la visita de una comisión de expertos de la ONU, quienes, del 23 al 30 de septiembre, se reunirán en privado con juristas que hayan trabajado en temas de memoria histórica, y con asociaciones de víctimas y ONG para elaborar un informe sobre las carencias en el proceso iniciado hace unos años por el anterior gobierno y que contendrá también una serie de recomendaciones al Estado español.

La presentación de esos informes, según Garzón, puede servir para generar una presión internacional cerca del Gobierno de España e intentar un cambio de actitud por su parte.

Tanto Garzón como Emilio Silva, Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no dudaron en calificar estos crímenes como de lesa humanidad, e hicieron referencia a los más de 130.000 desaparecidos, los 30.000 niños robados y las más de 2.000 fosas comunes existentes en España, de las cuales sólo se han abierto 390.

Ambos también hicieron hincapié en la importancia de ampliar el marco temporal delimitado por la ONU, que comienza en su creación en 1945, para poder investigar y esclarecer hechos ocurridos entre 1936 y esa fecha, cuando se produjeron muchas de las desapariciones.

Un dato interesante que surgió en el debate es que la Constitución Española de 1931 ya asumía como propia toda la legislación humanitaria internacional, un hecho sin precedentes en otros países en esa época.

Otra de las ponentes en el encuentro, la abogada argentina Ana Messuti, aportó detalles sobre el proceso judicial abierto en Argentina. Recalcó la importancia de la existencia de la dictadura franquista como contexto fundamental para poder agrupar las torturas y desapariciones cometidas como delitos de lesa humanidad, por corresponder a un plan sistemático y deliberado de exterminio por causas ideológicas.

También recalcó que, aunque se celebrasen los juicios en Argentina, la ejecución de las sentencias correspondería al Estado español.

Tras ella, se escucharon los relatos de tres víctimas de torturas y represalias por alguno de los cuatro responsables de seguridad incluidos en el auto de la jueza argentina, quienes relataron sus experiencias en los años finales de la dictadura.

Los tres coincidieron en la descripción de la violencia física y verbal usada en interrogatorios policiales, motivados en ocasiones por causas bastante aleatorias (como estar participando en una manifestación que reclamaba una enseñanza pública, gratuita y de calidad), y en el silencio que envolvía esos hechos, y que sigue envolviéndolos.

Los tres apoyan la querella «por que pueden hablar y contarlo, y otros no» y porque entienden que supone un primer paso que alguien debía tomar. Todos ellos recalcaron que su ánimo no es vengativo, sino que desean que los hechos se esclarezcan, se nombren y se asuman públicamente, para que se genere un «reproche social», y que toda la sociedad sepa quienes fueron los criminales y qué es lo que hicieron.

Todos los ponentes mostraron su escepticismo y pusieron en duda la voluntad del Gobierno español por que este proceso prospere, ya que, tras la desaparición del presupuesto para la Ley de la Memoria Histórica y otros impedimentos más sutiles (como aplazar hasta tres veces las vistas por videoconferencia de los demandantes con la jueza argentina), no creen en la futura cooperación de las instituciones españolas hacia la restitución de la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.