El cementerio se cerró en 1987. Lo visitamos el miércoles 25 y pudimos ver que está muy avanzada la construcción del panteón en forma de pirámide, que se recubrirá de losas de mármol blanco con los nombres grabados de todos los fusilados en este lugar. El resto del predio abandonado será un jardín público.

Pero, para completar el monumento y el panteón, primero hay que identificar a las víctimas. «Solo recuerdo los gritos de mi madre cuando se lo llevaron», dice José Dorado, de 79 años, quien tenía tres cuando las tropas de Franco fusilaron a su padre, el empleado ferroviario Pedro Dorado Cruces, en la localidad malagueña de Bobadilla.

Corría 1937. El cuerpo de Pedro, de 33 años, fue arrojado con los de otros compañeros de trabajo en una zanja del cementerio de San Rafael, relata Dorado.

Documentos indican que aquí se fusiló a 4.471 personas hasta la década de 1950, presuntamente por ser republicanas, el bando derrotado en la guerra civil. Entre octubre de 2006 y octubre de 2009 se recuperaron 2.840 cadáveres en la exhumación más grande que se haya realizado en Europa occidental.

El resto de los cuerpos pudo haber sido trasladado al Valle de los Caídos de Madrid, un monumento que el franquismo levantó en las décadas de 1940 y 1950, dice Francisco Espinosa, de la Asociación contra el Silencio y el Olvido - Memoria Histórica de Málaga, que reúne a más de 400 familiares.

Dorado, presidente de esta asociación, se define como «una persona a la que le gusta batallar». En 2002 comenzó a batallar, precisamente, para que se abriera la fosa común de San Rafael, y lo logró en 2006.

La Universidad de Málaga recogió muestras de ADN de los restos para cruzarlas con las de más de un millar de parientes de los fusilados, pero aún no hay identificaciones, explica el socio fundador de la asociación malagueña, Antonio Somoza.

Los restos reposan en cajas a la espera de ocupar la cripta bajo la pirámide.

En cuatro décadas, entre 88.000 y 130.000 personas fueron asesinadas y enterradas en cualquier zanja por distintas partes del país y unos 30.000 bebés fueron robados, según denuncias.

«Pedimos que se saquen los restos de las cunetas y se puedan enterrar como personas», reivindica Espinosa, de 76 años, que ha luchado durante más de tres décadas para hallar el paradero de su progenitor, un carpintero argentino. «Mi padre murió aquí. Yo estaba aún en el vientre de mi madre y mi hermano tenía tres años», nos dice, de pie junto a un ciprés en San Rafael.

Ningún intento de investigación ha prosperado, porque los tribunales se apegan a la ley de amnistía de 1977, que impide juzgar los crímenes de aquel período. Además, el actual gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado la oficina que coordinaba las exhumaciones y los fondos para contribuir a las costosas pruebas de ADN.

Emilio Silva, de 47 años y nieto de otro fusilado, participó el martes 24 de una reunión en Madrid con dos expertos del LangID=S">Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias que visitan España desde el 23 al 30 de este mes para revisar si el gobierno ha dado respuesta a las víctimas.

En ese encuentro, los familiares pidieron al Grupo que revise la decisión de no ocuparse de desapariciones forzadas anteriores a 1945, fecha fundacional de la ONU. «Tenemos cientos de casos muy bien documentados anteriores a esa fecha y la desaparición es un delito permanente», dice Silva.

Su abuelo, Emilio Silva Faba, fue fusilado en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo, en la provincia de León. «Fue la primera víctima de la represión franquista en España, identificada con una prueba de ADN», destaca Silva, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Ahora está enterrado junto con mi abuela».

Los expertos de la ONU «deben ser flexibles y recoger las demandas de los desaparecidos antes de 1945. De no ser así, se está perdiendo a la mayoría de los represaliados», alega el dirigente sindical Cecilio Gordillo, quien coordina el sitio web Todos los Nombres, donde se han registrado casi 78.000 nombres y apellidos de supuestas víctimas.

Es posible que el Grupo de expertos reconsidere su decisión cuando emita su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014. Pero también ha reclamado al gobierno que derogue la ley de amnistía.

La Plataforma por una Comisión de la Verdad lanzó esta semana la campaña #DiseloalaONU para denunciar que hay «más de 2.500 fosas comunes sin exhumar».

A Dorado le gustaría enterrar a su padre en Bobadilla, donde yace su madre, Pilar Cubero, que tenía 29 años cuando el marido fue asesinado. «Si viviese para entonces (cuando el ADN recogido permita identificar a las víctimas) me lo llevaría. Ya le compré un nicho», afirma.

El martes 24, un fiscal español se opuso a la detención de cuatro exagentes de la dictadura, que solicita la jueza argentina María Servini de Cubría, en cuyo juzgado se tramita el único proceso sobre crímenes del franquismo, con base en el principio de la justicia universal.

El sindicalista Gordillo, que se reunirá este viernes 27 en Sevilla con el Grupo de expertos de la ONU, destaca que un capítulo de la querella en Argentina se refiere a supuestos trabajos forzados de presos políticos.

«El Estado alquilaba los presos a empresas privadas que los usaban como esclavos para construir carreteras, aeropuertos y canales. Unas 250.000 personas fueron víctimas de esta situación», denuncia Gordillo, que tiene un tío abuelo fusilado.

Emilio Silva asegura que la mayor parte de las exhumaciones se hacen gracias al trabajo de familiares y voluntarios.

Miguel Alba, otro socio fundador de la asociación malagueña, es nieto y bisnieto de fusilados y sus cinco tías fueron condenadas a muerte. Durante ocho años investigó sobre personas desaparecidas en 31 pueblos de la comarca oriental malagueña de la Axarquía.

«No se trata de abrir heridas», nos dice Alba, «sino de cerrarlas en buenas condiciones y sin banderas».