Los territorios ucranianos surorientales que se están desmembrando ahora mismo son los adheridos a la URSS en su creación y nunca han sido pro-occidentales. Tras la guerra entre nacionalistas ucranianos y pro-bolcheviques (1917-22) por el control de Ucrania al disolverse el imperio ruso, la parte occidental de Ucrania quedó adherida a Polonia, la que en un intento de frenar el avance soviético hacia el oeste entró en guerra con la parte soviética, y el resto se constituyó en la República Socialista Soviética de Ucrania dentro de la URSS, la que se conformó con el Tratado de la Unión en 1922. Esa Unión estaba formada por las entonces República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la Trancaucásica, la de Ucrania, y la bielorrusa.
En Ucrania vemos que primero ha caído la Crimea anexionada por Khrushchev en 1954 y ahora está en juego la parte de Lenin (1922), que crearán una nueva línea divisoria entre la parte Occidental y la eslavo-ortodoxa. Por un lado vemos que la Ucrania que hemos conocido hasta ahora se edificó artificialmente, y por otro una nueva pretensión putiniana de reconstruir su fuerza geopolítica basada en la recuperación de unos supuestos derechos históricos. La Ucrania que quede tras esta contienda, casi la de 1654, más bien la zarista, podría sobrevivir asociada a la UE teniendo en cuenta que se está desprendiendo de las zonas más industriales y que atraviesa una difícil situación económica. Es un asunto mucho más serio de lo que parece, pues las regiones que se están independizando, si llegaran a conformar esa Novorusia ansiada por los separatistas, representan en torno al 55% de la aportación a la riqueza nacional ucraniana. Lo que está por ver es el coste, en términos de vidas, de esta nueva reconfiguración de fronteras.
Ucrania es un país dividido y esto aun no lo han comprendido sus políticos, mientras un 73% de la población se cree un país dividido. Mientras los separatistas han creado nuevas estructuras institucionales en tan solo un fin de semana, aunque rompiendo la legalidad, el gobierno central sigue arrastrando un debate pendiente de resolver desde antes del Maidan, su modelo de Estado. Y esto es algo que juega mucho en su contra y que contribuye bastante a dificultar una solución. Principalmente porque mientras las élites políticas ucranianas no se ponen de acuerdo en la reforma constitucional ni en qué tipo de arquitectura institucional deben decidir para poder integrar su problema con las regiones descontentas, que las hay también en la parte occidental del país, los separatistas avanzan en parte gracias a que tienen una estrategia clara e importantes apoyos rusos por otro lado.
Y el separatismo avanza también porque el gobierno interino tras el Maidan eliminó los derechos lingüísticos de los ruso-parlantes del este, que son casi la mitad de la población, aunque un 27% de los ucranianos cree que el ruso debería de estar reconocido como lengua oficial a nivel de Estado. Mientras un 32% de la población ucraniana quiere mayor poder para las regiones, que suelen estar desafectas hacia el poder central, el gobierno central nunca ha terminado de abordar este asunto, quizá porque las élites centrales siempre han sido oligarcas.
En estos momentos los principales partidos ucranianos siguen sin ponerse de acuerdo sobre la «descentralización» del Estado pendiente de abordar, aunque al menos todos están de acuerdo, en que hay que descentralizar, que no «federalizar», palabra tabú por lo que pude comprobar en mi reciente ronda de entrevistas con las principales fuerzas políticas del país. Unos quieren dar más poder a los gobernadores y los alcaldes, otros que las asambleas regionales elijan cada una al gobernador regional, y son pocos los que están abiertos a una cámara regional o senado (fundamentalmente porque consideran que bloquearía la aprobación de leyes). En lo que sí coinciden muchos es en que los gobernadores regionales deberían de tener más influencia en el gobierno central, pero mientras Ucrania no resuelva esta cuestión otra arquitectura institucional les está ganando la partida por el este.
Las elecciones presidenciales necesitaban ser celebradas y aceptadas cuanto antes, en primer lugar para dar legitimidad a una nueva situación tras los eventos del euroMaidan, pero también para reforzar las acciones a tomar en la guerra abierta en el este. Ha sido un error por parte del aletargado y denostado gobierno interino mandar operaciones antiterroristas al este y afear el papel de su ejército, que además está muy desmantelado. La policía no puede jugar un papel relevante, y más cuando tiene procesos judiciales abiertos por sus abusos en el Maidan, a lo que hay que añadir las deserciones que está teniendo hacia los separatistas.
Las fuerzas de seguridad ucranianas están llenas de agentes rusos y el presidente tiene un serio problema de fidelidad en sus filas. Una situación extrema de este tipo requiere más de fuerzas especiales que de las regulares, y de integrar a los separatistas en la mesa de diálogo. Que el gobierno ucraniano negocie un estatus para estas regiones, claramente diferenciadas del resto del país, donde una posible federación con las mismas podría llegar a ser una de las opciones si las posiciones separatistas se hicieran fuertes, es lo único que puede salvarlas de forma pacífica, pero si se focaliza exclusivamente en el enfrentamiento armado corre un elevado riesgo de perderlas de forma traumática. El nuevo gobierno necesitará mucho experto en seguridad en sus gabinetes si no quiere verse con el país reducido a los límites territoriales del zarismo.
Garrigós es consultora en seguridad y política internacionales.
