La ministra de Finanzas es Natalie Jaresko, una empresaria nacida en Estados Unidos, que reside en Ucrania desde mediados de los años 90 y administra Horizon Capital, un fondo de inversiones de capitales occidentales. Esta inusual presencia de extranjeros en el gobierno de Kiev es coherente con el predominio que los intereses occidentales han adquirido sobre la economía ucraniana.
El Oakland Institute ha documentado esta transformación en dos recientes informes, el primero sobre la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en el conflicto en Ucrania ( Walking on the West Side: The World Bank and the IMF in the Ukraine Conflict y el más reciente sobre la penetración de las corporaciones occidentales en la agricultura ucraniana The Corporate Takeover of Ukrainian Agriculture.
El principal factor de la crisis que desencadenó una oleada de protestas y forzó la renuncia del presidente Viktor Yanukovich en febrero de 2014, fue su rechazo a un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE), concebido para expandir el comercio bilateral e integrar la economía de Ucrania a ese bloque. El acuerdo estaba vinculado a un crédito de 17.000 millones de dólares del FMI.
Tras el alejamiento de Yanukovich y la instalación de un gobierno pro occidental, el FMI inició un programa de reformas orientado a incentivar las inversiones privadas en el país. El paquete de medidas incluía la privatización del suministro de agua y energía, y asignaba una importancia prominente a lo que el Banco Mundial identificaba como «las raíces estructurales» de la actual crisis económica ucraniana, en primer término los elevados costes que gravan a las empresas privadas.
La agricultura ha sido el objetivo principal de las inversiones extranjeras en Ucrania y es considerada por el FMI y el Banco Mundial como el sector prioritario del programa de reformas.
Las dos instituciones alaban la rapidez con la que el gobierno ha seguido sus consejos. Por ejemplo, el programa de reformas recetado a Ucrania incluía la facilitación de la adquisición de tierras agrícolas, la eliminación de controles y regulaciones sobre la producción de alimentos, y la reducción de impuestos y de derechos aduaneros.
Bastan pocos datos para describir la magnitud de la agricultura ucraniana: es el tercer exportador mundial de maíz, el quinto exportador mundial de trigo, y tiene 32 millones de hectáreas de tierra cultivable, equivalentes a un tercio del total de la tierra productiva de la UE.
El control del sistema agrícola ucraniano es un factor fundamental en la lucha que ha tenido lugar este último año en el contexto del mayor conflicto Este-Oeste desde el final de la Guerra Fría. La presencia de las corporaciones extranjeras en la agricultura de Ucrania se ha extendido rápidamente, ya que en estos últimos años han comprado 1,6 millones de hectáreas.
Aunque empresas como las estadounidenses Monsanto, Cargill y DuPont se encuentran en Ucrania desde hace mucho tiempo, sus inversiones en el país se han expandido recientemente.
Cargill es productora de pesticidas, semillas, fertilizantes y ha ampliado sus inversiones al almacenamiento de granos y nutrición animal, a la vez que ha adquirido una participación en UkrLandFarming, la mayor compañía agroindustrial del país.
Por su parte, Monsanto ha duplicado su personal en el país en los últimos tres años y en marzo de 2014, unas semanas antes de la salida de Yanukovich, invirtió 140 millones de dólares en la construcción de una nueva planta de semillas.
La expansión de DuPont también incluye una planta de semillas.
La finalidad de las corporaciones occidentales no se detiene en el control de algunas rentables actividades agrícolas, aspira a la integración vertical del sector de la agricultura, y ya se está extendiendo al transporte y la infraestructura.
Por ejemplo, Cargill posee ahora cuatro elevadores de granos y dos plantas procesadoras de aceite de girasol, y en diciembre de 2013 adquirió el 25 por ciento de una terminal en el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, con capacidad para procesar 3,5 millones de toneladas anuales de grano. En todas las fases de la cadena agrícola, desde la producción de semillas hasta el transporte de las exportaciones, ha aumentado aumentado el control de las corporaciones occidentales.
Aunque Ucrania no permite la producción de alimentos genéticamente modificados (GM), el acuerdo entre Kiev y la UE incluye una cláusula (artículo 404) que compromete a las dos partes a cooperar para «extender el uso de biotecnologías» en el país. Esta cláusula llama la atención porque implica una apertura hacia la importación de alimentos GM en Europa, que es el mayor objetivo de las corporaciones productoras de semillas, como Monsanto, pero que son rechazados por la gran mayoría de los consumidores europeos
Empero, no está claro la forma en que este cambio podría beneficiar a los ucranianos, como tampoco lo que pueda significar la oleada de inversiones extranjeras para los siete millones de agricultores locales.
Cuando finalmente cese el conflicto en el «pro ruso» sector oriental, los ucranianos se preguntarán qué ha quedado de la capacidad de su país para controlar su suministro de alimentos, y administrar su economía de acuerdo con sus propios intereses.
Y es de esperar que europeos y estadounidenses una vez apagada la ensordecedora retórica sobre agresiones rusas y derechos humanos, comiencen a cuestionar la injerencia de sus países en el conflicto ucraniano.
