La Alta Representante, Catherine Ashton, y el comisario de Política de Vecindad, Stefan Füle, reiteran a las autoridades de Kiev la necesidad de que mantengan «procesos legales limpios, transparentes e independientes para evitar cualquier percepción de que se lleva a cabo una justicia selectiva en Ucrania». Bruselas exige que se cumplan los estándares necesarios que se esperan de un país que aspira a firmar un acuerdo de asociación política con la UE.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, se ha pronunciado en términos parecidos: «La encarcelación de la exprimera ministra Timoshenko ha provocado la preocupación internacional sobre la aplicación del mandato de la ley en Ucrania y provoca que reaparezcan los juicios políticos». También han mostrado su preocupación por lo ocurrido el presidente del Parlamento Europeo, Jercy Bucek y el Partido Popular Europeo.

Timoshenko se encuentra en prisión preventiva, acusada de abuso de poder, por haber suscrito en 2009 un acuerdo de suministro de gas con la empresa rusa Gazprom, perjudicial para los intereses del país. Se dice que se perdieron 190 millones de dólares en el contrato, con el que se quería resolver una interrupción del suministro de gas, que también afectaba a Europa.

Timosheko se enfrenta a una pena que podría llegar a los diez años de cárcel. La opositora y exprimera ministra asegura que se trata de una maniobra orquestada por su rival, el presidente Víctor Yanukóvich.

Su detención ha provocado una ola de protestas en el país, que han sido prohibidas por un tribunal de Kiev. Los partidarios de la exprimera ministra habían montado un campamento de protesta en el centro de la capital ucraniana y ha habido enfrentamientos entre ellos y los seguidores del partido gobernante.