La Unión Europea ha pedido al gobierno tunecino que reforme la justícia, principalmente el código penal, para garantizar la libertad de expresión. José Manuel Durao Barroso ha dicho que la reforma «es indispensable para anclar la democracia» y Herman Van Rompuy ha añadido que «se debe garantizar la imparcialidad». Durante la reciente visita a Bruselas del presiente, la UE ha pedido que se acelera la aprobación de la nueva constitución y se organicen nuevas elecciones. También ha prometido apoyo político y financiero y enviará una misión de observación para competar la transición política en el país norteafricano. Una transición que para muchos tunecinos, comienza a estancarse.

Transcurre el tercer año después del derrocamiento del dictador Zine El Abidine Ben Ali, y la verdadera democracia todavía es una obra en construcción en Túnez. «La libertad es una decisión, pero la democracia es un proceso de transformaciones», reflexiona el director de programas del Centro Al Kawakibi para la Transición Democrática, Amine Ghali. «Hasta ahora, nuestras expectativas sobre la vida luego de la revolución no se han cumplido».

Ghali cuestiona que «atravesamos una importante transformación inmediatamente después de la revolución que condujo a las elecciones en octubre de 2011. Sin embargo, desde entonces hay una falta de cumplimiento de los procesos democráticos, incluida la justicia transicional, la independencia del Poder Judicial, la mejora de la economía y la lucha contra la corrupción». «Necesitamos fijarnos fechas. No podemos permanecer indefinidamente en la transición».

La lucha por la democracia tiene lugar en medio de los problemas económicos de Túnez. «Padecemos inflación, depreciación del dinar y una caída del poder adquisitivo», señala Ghali. «Las personas no pueden comer la Constitución, beber las elecciones o comprar libertad de prensa. Necesitan alimentos para sus hijos, educación y transporte barato». A pesar de estos problemas, la transición hacia la democracia en Túnez ha sido relativamente exitosa. A diferencia de las prolongadas y sangrientas revoluciones en Libia o Siria, la partida de Ben Ali fue más rápida y más pacífica. Túnez también ha evitado muchas de las dificultades que afrontó Egipto, donde el creciente resentimiento contra el gobierno posterior a la revolución derivó en protestas y episodios de violencia.

Las elecciones democráticas en Túnez, evaluadas como libres y limpias, se realizaron apenas 10 meses después de que Ben Ali huyera del país, e hicieron que el gobierno del partido islámico moderado Ennahda, que obtuvo la mayoría de los votos, liderara una coalición. Sin embargo, el gobierno de transición afronta grandes desafíos. Ben Ali se fue de Túnez apenas un mes después de iniciada la revolución, sin dejar ninguna alternativa para un traspaso de poder cuidadosamente planeado. Décadas de dictadura han acabado formadndo instituciones estatales corruptas, y se han visto obligados a desmantelar un brutal servicio de seguridad.

Además, la fuerte represión política y las persecuciones han implicado que no hubiera ninguna oposición significativa que estuviera lista para asumir el poder. Los políticos que habían languidecido en las prisiones de Ben Ali carecían de la experiencia política y de las necesarias habilidades de gobierno. Osama Al Saghir, integrante del partido Ennahda y de la Asamblea Constituyente, admite que esto puede haber contribuido a algunas de las dificultades enfrentadas por el gobierno. Sin embargo señala que, «lo que intentamos hacer es tener 'un funcionamiento limpio' y aprender a liderar este país». «Los tunecinos prefieren tener un gobierno que está aprendiendo que tener políticos que roban y están involucrados en hechos de corrupción, que los ponen en prisión, los torturan y les niegan sus derechos. Hoy es muy diferente del primer día en el gobierno, y mañana será aún mejor».

Pero la población está cada vez más impaciente por un cambio. Había expectativa de que la nueva Constitución estuviera escrita en el plazo de un año después de celebrarse las elecciones, pero esta fecha pasó hace ya muchos meses. La consulta abierta y los debates sobre su redacción han contribuido a prolongar el proceso, pero algunos sospechan que hay otros motivos para el retraso.

«Es una táctica», señala Ghali. «La popularidad de Ennahda estaba cayendo hace cuatro o cinco meses, y puede haber mejorado levemente ahora. La demora en finalizar la Constitución, que debe preceder a las elecciones, les dará tiempo para recuperar su popularidad». En las calles de Túnez, algunos tienen otras ideas. «El retraso en la nueva Constitución tiene que ver con dinero», opina el taxista Mekni Abdesatta. «Los diputados cobran un buen salario, así que quieren mantener el proceso en marcha durante tres o cuatro años y continuar recibiendo el dinero».

El representante de Ennahda, Osama Saghir, sin embargo, plantea que «estos argumentos no son ciertos». «Queremos una gran Constitución, así que no tenemos un plazo estricto. Hasta ahora hemos elaborado cuatro borradores y ahora comenzamos la versión final». «Tenemos un diálogo abierto con políticos de partidos electos y no electos, de expertos nacionales e internacionales, de la sociedad civil y de ciudadanos de todas las regiones, y es por esto que el proceso se ha alargado algún tiempo. No queremos estar en una situación como la de Egipto, donde se apresuraron a hacer la Constitución y ahora ya están hablando de volverla a cambiar», declara Saghir.

Aparte de la Constitución, una de las preocupaciones más acuciantes en el nuevo Túnez democrático es la reforma judicial. El gobierno está en proceso de establecer la Alta Comisión de los Magistrados, que separará claramente a los poderes Ejecutivo y Judicial. Mientras tanto hay varios casos de alto perfil que ponen de relieve las sentencias aparentemente arbitrarias que se emiten actualmente. En junio, un rapero tunecino fue condenado a dos años de prisión por escribir e interpretar una canción que insultaba a la policía. Tres activistas europeas de la organización feminista Femen fueron sentenciadas a cuatro meses de prisión por llevar a cabo una protesta semidesnudas frente al Palacio de Justicia. Tras una apelación, esta última sentencia fue revocada.

En contraste con estos casos, a los 20 hombres acusados de atentar contra la Embajada de Estados Unidos en Túnez en 2012 se les suspendieron sus sentencias a prisión. «Estos fallos se hacen debido a la presión. El gobierno quiere meter mano en el sistema judicial», explica el abogado izquierdista Mehdi Zaoui, activista por la democracia. «El anterior ministro de Justicia destituyó el año pasado a 82 jueces (que estaban bajo sospecha de corrupción). Pienso que este fue un mensaje claro a los otros magistrados: 'Si no quieres seguir instrucciones, te echarán'».

Es probable que en el período previo a las elecciones la atmósfera se tense más. En los últimos días hubo un acalorado debate sobre una ley propuesta para la «inmunizar la revolución». Según el gobierno, esta legislación impedirá que exmiembros del gobierno de Ben Ali y de su partido político, así como otros asociados, se postulen como candidatos en los comicios. La oposición sostiene que la ley puede afectar a unas 60.000 personas y que es una manera para que el gobierno bloquee a sus opositores políticos. Este debate es particularmente sensible, dado que los tunecinos todavía no se han recuperado del impacto que les produjo el asesinato de Chokri Belaid, un líder de la oposición a quien mataron a tiros en febrero, en lo que se señala como un ataque motivado políticamente.