Contra los países endeudados, deficitarios y poco competitivos, sanciones automáticas financieras y políticas. Es la receta que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha expuesto este lunes ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

Esta semana se pone en juego la futura gobernanza económica de la UE y Trichet se posiciona junto a Alemania en aplicar sanciones no financieras a los incumplidores y en que el cumplimiento de los objetivos de deuda pública sea un parámetro también sancionable.

El presidente del BCE quiere que todos los socios de la UE emprendan una consolidación fiscal ambiciosa, en la que no cabe el derroche. «Dado que las vulnerabilidades de un Estado miembro pueden tener efectos directos en otros miembros, este marco de vigilancia debe estar respaldado por un sistema gradual de incentivos y sanciones, que se puedan activar de forma temprana en el proceso y que deberían ser proporcionales a la gravedad de la infracción.»

Trichet ha abierto el fuego, a la vez que el presidente estable de la UE, Herman Van Rompuy, en el grupo de trabajo que dirige sobre la gobernanza económica de la Unión, intentaba apagar fuegos ante las posturas enfrentadas que provoca el nuevo marco fiscal que prepara la Comisión, atascado desde el pasado 6 de septiembre.

La Comisión quiere más poder para vigilar y castigar

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, presentará el miércoles su propuesta, que da mayores poderes al ejecutivo de Bruselas con un sistema de vigilancia económica. Prevé sancionar a los países con un desequilibro excesivo con una multa del 0,1% de su PIB cada año, que sería del 0,2% si hay desviación de la política fiscal comunitaria. Además, propone congelar las cuentas de los fondos estructurales y aplicar las sanciones automáticamente.

Rehn quiere que igual que el déficit excesivo es objeto de procedimientos de infracción, lo sea el otro parámetro que marca el Pacto de Estabilidad, una deuda pública superior al 60%, incumplimiento para el que ya hay multas previstas que nunca se han aplicado.

Las posiciones de los gobiernos varían en función de los intereses nacionales. España se opone a que las sanciones afecten a los fondos europeos, porque es el segundo beneficiario. Italia y Bélgica no quieren que se sancione la deuda excesiva, porque la suya duplica lo establecido.

Alemania es quien apuesta más fuerte y por sanciones más duras. Incluso ha planteado suspender el derecho de voto de los países infractores, algo que requeriría la reforma de los Tratados.

Los próximos jueves y viernes, los ministros de Finanzas deberían cerrar la negociación. euroXpress