«Esto solo alcanza para cubrir mis gastos. Me desplacé más de 20 kilómetros y lo único que hemos conseguido ha sido bonga», nos explica.

«He gastado más de 2.500 dalasis (unos 60 dólares) en este viaje», indica.

Badjie, de 38 años, procede del vecino Senegal y vino a Gambia en su adolescencia en busca de trabajo. Pero el mar en el que pesca desde hace casi 20 años ya no es el mismo, asegura con pesar. «Este negocio es de ganancia y pérdida. Pero hoy en día tenemos más pérdidas. Hace poco fui a más de 50 kilómetros hasta otra zona pesquera, pero tampoco tuve suerte», se queja.

«El problema son las variaciones en los patrones climáticos. También nos encontramos con enormes pesqueros comerciales en las aguas. A veces amenazan con matarnos cuando les plantamos cara. Cuando arrojamos nuestras redes, las rompen».

Pero la difícil situación de Badjie y la de miles de pescadores artesanales más podría cambiar para mejor en poco tiempo.

En un fallo histórico, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó el 2 de este mes que «los Estados de bandera» tienen el deber de la diligencia debida para asegurar que los buques pesqueros que enarbolen su pabellón cumplan las leyes y reglamentos relativos a los recursos marinos que permitan la conservación y la gestión de los mismos.

Los países de bandera, dictaminó el tribunal, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que estos buques no se dediquen a actividades de pesca ilegales, no declaradas o no reglamentadas (INDNR) en las aguas de los países miembros de la Comisión Subregional de Pesca de África Occidental. Además, se les podrá responsabilizar por el incumplimiento de este deber. El fallo especifica que la Unión Europea (UE) tiene el mismo deber que un Estado individual.

Se cree que las aguas de África occidental tienen los niveles más altos de pesca INDNR del mundo, que abarca hasta el 37 por ciento de la captura de la región.

«Esta es una decisión muy bienvenida que podría cambiar las cosas en serio», dice el director del programa marino del Fondo Mundial para la Naturaleza, John Tanzer, a principios de mes. «Ya no tendremos que luchar barco por barco contra la pesca ilegal y el saqueo de las pesquerías costeras en todo el mundo», añade.

La Comisión Subregional de Pesca de África Occidental abarca a Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal y Sierra Leona.

La necesidad de una opinión consultiva del Tribunal surgió en 1993, cuando la Comisión Subregional denunció la «sobreexplotación de los recursos pesqueros y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de una magnitud cada vez más alarmante». La captura ilegal era casi equivalente a la permitida, agrega.

Además, «la pérdida de ingresos de las economías nacionales que causa la pesca INDNR en África occidental es del orden de los 500 millones de dólares por año», calcula.

Varias organizaciones ecologistas denunciaron el aparente robo de los recursos pesqueros de África occidental, entre ellas Greenpeace, y analizaron la pesca de los llamados «barcos monstruo» en su página web titulada Pesque de forma justa.

«Durante décadas, la Unión Europea y sus Estados miembros permitieron que su flota pesquera industrial se expandiera hasta un tamaño insostenible... En 2008» la propia UE calculó que esa flota «era capaz de capturar peces más rápidamente que la capacidad de regeneración de las poblaciones».

«El problema de las flotas de gran tamaño que utilizan métodos de pesca destructivos es mundial y los resultados son alarmantes e indiscutibles».

Fuentes extraoficiales nos dijeron que hay 47 buques pesqueros de tamaño industrial actualmente en aguas de Gambia, 35 de ellos pertenecientes a flotas extranjeras.

Mientras tanto, los pescadores artesanales aseguran que tienen dificultades para abastecer al mercado local. Los precios se han disparado y la escasez de pescado ya no es una rareza. «Nuestras aguas están sobreexplotadas», dice Ousman Bojang, un pescador de 80 años.

Bojang aprendió el oficio de su padre, pero más tarde decidió convertirse en policía. Veinte años después, se jubiló y volvió a la pesca. Construyó su primer barco pesquero en 1978 y se convirtió en el presidente de la primera asociación de pescadores del país.

«La pesca mejoró mis medios de vida. Mientras estaba en el servicio policial, no podía construirme ni una choza. Ahora, construí un complejo. He enviado a mis hijos a la escuela y todos la terminaron», indica. «Les he pasado mis conocimientos y me han acompañado en el mar. Tengo 25 hijos, 10 varones y 15 mujeres. Todos los varones están en la pesca. Incluso las mujeres, algunas saben cómo preparar el anzuelo y reparar la red», destaca.

Otro paso positivo para los pescadores artesanales es el reconocimiento por parte del Panel sobre el Progreso de África, dirigido por quien fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de que la pesca ilegal es una prioridad que el continente debe abordar.

También lo es la aprobación por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de pautas que buscan mejorar las condiciones de vida de los pequeños pescadores.

Nicole Franz, analista del departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, en su sede en Roma, nos dice que esas pautas ofrecen un marco para enfrentar el cambio de la pesca en pequeña escala.

«Es un instrumento que no solo aborda los derechos de pesca tradicionales, como la gestión de la pesca y los derechos de los usuarios, sino que también adopta un enfoque más integrado», observa.

«También indaga en las condiciones sociales, las condiciones de empleo digno, el cambio climático, problemas de riesgos de desastres y toda una serie de cuestiones que trascienden aquello con lo que las instituciones pesqueras tradicionales trabajan. Solo si tenemos una estrategia de derechos humanos hacia los pequeños pescadores podremos permitir que el sector se desarrolle de manera sostenible», nos dice.