Condenar a penas de cárcel a inmigrantes irregulares por negarse a abandonar un país comunitario va contra la legislación europea. El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado a favor de un inmigrante argelino, condenado en Italia a un año de cárcel.

Los jueces europeos estiman que la directiva europea de retorno establece un procedimiento para la expulsión de inmigrantes irregulares con una política eficaz que impide a los Estados miembros establecer excepciones aplicando normas más severas.

En 2009 el gobierno de Silvio Berlusconi aprobó una ley, según la cual permanecer de manera ilegal en Italia es un crimen sancionable con penas de cárcel de entre uno y cuatro años. La legislación nacional se aplicó en 2010 al ciudadano argelino Hassen El Dridi, a quien se dio un plazo de 5 días para abandonar Italia por no tener permiso de residencia permanente ni poder acogerle en un centro de internamiento debido a la falta de plazas. Fue condenado a un año de prisión por incumplir la orden.

El Tribunal europeo dice en su fallo que los Estados «no pueden aplicar una normativa, aun si es de naturaleza penal, que pueda poner en peligro la realización de los objetivos perseguidos por una directiva». En su lugar,«las autoridades italianas deben proseguir sus esfuerzos para la ejecución del retorno».

Los jueces europeos recuerdan que el objetivo de la directiva europea es limitar la duración máxima de la privación de libertad en el procedimiento de retorno y garantizar así el respeto de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países en situación irregular.

En consecuencia, se pide al órgano judicial italiano que deje de aplicar toda disposición contraria a la normativa europea, en particular la pena de prisión.