«Dennos su cuerpo. Queremos darle un entierro respetable». Ese es el clamor que se oye en toda Cachemira tras el ahorcamiento de Mohammad Afzal Guru, condenado por su participación en el ataque contra el parlamento de India el 13 de diciembre de 2001, en el que murieron nueve personas. Afzal Guru fue condenado por un tribunal en 2002. Dos años después, la Corte Suprema de India confirmó el fallo. El 3 de febrero el presidente Pranab Mukherjee rechazó una petición de clemencia presentada por la familia y fue ejecutado el 9 en la cárcel de Tihar, en Nueva Delhi. Su cuerpo fue enterrado en las instalaciones de ese centro penitenciario.

Su familia y muchos otras personas han objetado ese entierro. «No nos callaremos hasta que el cuerpo de nuestro amado hermano nos sea devuelto», dice con voz quebrada Aijaz Guru por teléfono, desde su casa en Doabgah-Sopore, 65 kilómetros al norte de Srinagar, la capital del estado indio de Jammu y Cachemira. «Queremos darle un sepelio decente», añade Guru, hermano mayor del ejecutado. «Somos conscientes de que nuestro hermano se convirtió en víctima de la política. Ahora se nos debe entregar su cuerpo. Es nuestro derecho».

La demanda del cuerpo de Afzal Guru es la segunda de este tipo en Cachemira. Desde hace años, muchos exigen la devolución de los restos de Maqbool Bhat, líder separatista cachemiro ahorcado y enterrado en la cárcel de Tihar el 11 de febrero de 1984, tras haber sido condenado por el asesinato de un oficial indio. Los cachemiros mantienen una tumba vacía para Bhat en el «Cementerio de los Mártires» de Srinagar.

La ejecución de Afzal Guru ha desatado fuertes reacciones de la sociedad civil y la clase política de Cachemira y del resto de India. Teniendo en cuenta que este país celebrará elecciones el año próximo, muchos creen que Guru fue ahorcado por razones políticas y que no recibió un juicio justo. «Esto es parte del teatro electoral de India, y todo está motivado por consideraciones electorales, en las que los cachemiros son chivos expiatorios», explica el líder separatista Mirwaiz Umar Farooq, también en comunicación telefónica desde Nueva Delhi, donde fue detenido unas horas tras del ahorcamiento de Guru.

También coincide con esa opinión, Anuradha Chenoy, profesora en la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi señala que «sí, hubo política involucrada en cada etapa, y de hecho fue un juicio político más que un juicio penal». Chenoy explica que hay un vacío legal en el sistema judicial indio, y que los tribunales inferiores eran en muchos casos parciales. «Es bien sabido que Guru no recibió un juicio justo», añadie.

La académica además expresa su pesar por el hecho de que no se le hubiera concedido el último deseo de ver a su familia. «El deseo de cualquier persona antes de morir es ver a su familia. Es bastante lamentable que no recibiera la oportunidad de ver a su esposa y a su hijo antes de ser ahorcado». Los amigos de Guru aseguran que él había «renunciado a la militancia» separatista a fines de los años 90, y que había instalado un negocio relacionado con la industria farmacéutica.

Syed Abdul Rehman Geelani, profesor de la Universidad de Nueva Delhi, que fue absuelto en el mismo caso, dice que el gobierno no informó a la familia de Afzal Guru que sería ejecutado. «Su esposa no tenía la menor idea. Según la ley, tenía todo el derecho a verlo antes de la ejecución». «La desperté temprano esa mañana y le informé de que había rumores de que sería ahorcado. Fue muy duro para ella, porque no sabía nada de eso. Me dijo que no había recibido ninguna comunicación», añadie Rehman Geelani.

No obstante, el secretario del Interior de India, R. K. Singh, asegura que se le envió a la familia una carta por correo rápido. El ministro jefe de Jammu y Cachemira, Omar Abdalá, criticó esa forma de notificación. Critica que «si se le va a informar a alguien por correo que un miembro de su familia va a ser ahorcado, entonces hay algo muy mal en el sistema». El responsable político califica de «inaudita» la forma en que se procesó la ejecución. «Hay suficientes voces en el resto del país diciendo que la evidencia fue fraguada», explica en una entrevista para el canal de televisión indio NDTV.

Según Abdalá, podría haber consecuencias políticas. «Podemos afrontar las implicaciones a corto plazo pues hemos tomado las suficientes medidas de seguridad para eso, pero nos preocupa las consecuencias políticas a largo plazo de esta ejecución», señala. Mehbooba Mufti, presidente del Partido Democrático Popular, la mayor fuerza opositora en la asamblea legislativa india, señala que, aunque «no se debió haber realizado el ahorcamiento, la devolución del cadáver de Afzal era lo último que podía hacer el gobierno para mostrar humanidad».

El gobierno cachemiro ha impuesto el toque de queda en todo el estado. Al menos tres personas han muerto y y hay varios centenares de heridos en enfrentamientos entre la policía y manifestantes que desafiaban las restricciones al tráfico. Los servicios de Internet han sido bloqueados para impedir que se organicen protestas a través de las redes sociales.