Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Eslovenia, Bélgica, Austria, Estonia y Eslovaquia, han informado al Ecofin de su decisión de aprobar la tasa, después de meses de negociaciones y una vez comprobado que ni era posible establecerla a nivel mundial, como se pretendió en un principio, ni siquiera en el conjunto de la Unión.

La principal oposición está en el Reino Unido. La city de Londres es el principal centro financiero de Europa y el gobierno británico entiende que la imposición de la tasa llevaría consigo una importante deslocalización de la industria financiera. «Sólo consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la implantan, como Nueva York, Singapur, Shanghai y Hong Kong», ha dicho el ministro británico de Finanzas, George Osborne.

La propuesta que hizo la Comisión Europea para gravar las transacciones financieras en la UE establece un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. Según los cálculos de Bruselas, su implantación en el conjunto de los 27 Estados de la UE proporcionaría unos ingresos de 55.000 millones de euros anuales, una parte de los cuales iría a financiar el propio presupuesto de la UE.

La Comisión hizo su propuesta en 2011, pero el Consejo Europeo la desestimó al ver que no tenía apoyos suficientes. El procedimiento de cooperación reforzada, aplicado ahora, está previsto en los tratados de la Unión, para que al menos nueve socios comunitarios puedan llevar adelante una iniciativa, al margen del resto de Estados que no quieran participar.

España se suma en el último momento

Alemania y Francia han llevado la iniciativa en este caso y la herramienta comunitaria se ha podido utilizar, una vez que cuatro países han decidido incorporarse a última hora, España, Italia, Estonia y Eslovaquia.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha justificado su tardanza en sumarse al proyecto porque «las bazas negociadoras han que guardarlas hasta el último minuto» y ha pedido que la tasa se imponga de tal manera que evite efectos negativos en los flujos de capital. Esto tiene que hacerse de forma coordinada entre la mayoría de los países europeos para evitar efectos distorsionantes sobre los movimientos de capital y también se tiene que establecer sobre una base, de tipo de transacciones, que sea razonable a efectos de evitar los efectos negativos que podría tener desde el punto de vista de los flujos financieros», ha explicado De Guindos en rueda de prensa.

A partir de ahora, los Estados interesados tienen que detallar ante la Comisión Europea el alcance y los objetivos de la cooperación reforzada. Después el Consejo tiene que aprobarla por mayoría cualificada de los 27 y el Parlamento Europeo dar su consentimiento.

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, se ha comprometido a llevar los trámites con la mayor rapidez. También ha señalado que los Estados «podrán gastar este dinero como mejor les parezca», pero recordó que la idea de la Comisión es que dos terceras partes de lo recaudado vayan a parar al presupuesto de la UE, reduciendo las contribuciones de los países.