En el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid se sienta a un lado la farmacéutica Grünenthal, compañía alemana que desde 1957 hasta 1962 vendía en España el fármaco Talidomida, un medicamento recetado para combatir las náuseas propias del embarazo. Del otro lado, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que denunció a la farmacéutica por los cerca de 3.000 afectados por el fármaco que han contado en España, víctimas con diferentes grados de discapacidad, de los que actualmente sólo quedan vivos entre 500 y 1.000.
Avite, que hoy cuenta con 180 afiliados, asegura que la compañía sólo les ha facilitado una pequeña ayuda y reclaman 204 millones de euros, 20.000 por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados.
La acusación asegura que, aunque el medicamento fue retirado a finales de 1961, los médicos siguieron suministrándolo al no contar con la información completa sobre los efectos secundarios por parte del laboratorio. En este sentido, Avite podría presentar documentos originales entre la farmacéutica y su filial española en los que «se exige que no se explique a los médicos españoles el verdadero motivo de retirada de este medicamento», comercializado como Softenon a través de la filial española Medinsa.
«Puede provocar ocasionalmente un ligero estreñimiento»
En el prospecto del Softenon se advertía de que, «ocasionalmente y a causa de la administración prolongada de dosis elevadas puede provocar un ligero estreñimiento», que se podía tratar con un laxante suave. Una información que, según las víctimas, «intentaba ocultar los efectos devastadores que provocaba el fármaco» y que en España causó malformaciones graves, principalmente focomelias, ausencia de extremidades y otras agenesias, en 3.000 niños, asegura Avite.
En la primera jornada del proceso, el representante legal de la farmacéutica ha declarado que reconocían que el fármaco «no estaba indicado para las embarazadas» pero que en las indicaciones «no se las excluía porque en aquella época no había concienciación para este tipo de contraindicaciones». A la pregunta de cuándo supo la empresa que podría haber daños en los vasos sanguíneos y en los músculos, su representante ha señalado que en noviembre de 1961 un doctor alertó de ello.
En el verano de 2013, Grünenthal ya pidió disculpas públicas por este caso y ofreció 120.000 euros anuales para los 200 afectados inscritos entonces en la asociación de víctimas. Dentro de la denuncia, Avite ha recordado que en Alemania, los afectados por la Talidomida recibieron una pensión de 7.000 euros al mes.
Para José Riquelme, presidente de Avite, el detalle de la indemnización es importante porque se trata de que «los pacientes queremos recuperar la dignidad que los laboratorios nos arrebataron antes incluso de nacer, hace unos 50 años».
La farmacéutica ha indicado que en España hubo empresas que fabricaron y distribuyeron el fármaco de manera independiente. De hecho, Grünenthal ha especificado que retiró 91 kilos de este fármaco.
«El Gobierno español prohibió oficialmente todos los productos con talidomida en el mercado español en mayo de 1962. En ese momento, los productos con talidomida de empresas que habían fabricado y distribuido sus productos independientemente de Grünenthal podrían estar todavía en el mercado español», ha señalado.
