El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra el decreto andaluz antidesahucios que queda suspendido de forma cautelar durante cinco meses prorrogables. La Junta de Andalucía tiene 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
El Gobierno había anunciado en abril que recurriría el decreto de la comunidad andaluza aunque no lo ha hecho hasta el mismo día en el que Bruselas, preguntada por el Gobierno español, ha dicho que la norma pone en riesgo los objetivos del rescate de los bancos y retrasaría la recuperación del sector inmobiliario.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso y eso supone la suspensión cautelar inmediata por cinco meses del Decreto Ley de la Comunidad de Andalucía y la suspensión de las decisiones que se han tomado en virtud de ese decreto.
Desde que entró en vigor el decreto, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas y ha defendido la constitucionalidad de la norma incluso en Bruselas. Según la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, la norma tiene «legalidad jurídica plena» y un respeto «escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y la Constitución española».
Según la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamería «el decreto antidesahucios vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda, una norma reservada a las Cortes Generales». Añade que en esta materia «es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad».
