Basilea, Suiza, (IPS)- El gobierno suizo ha presentado un proyecto de ley para regular la industria militar privada, aunque los críticos no creen que vaya a ser útil. El 24 de marzo de 2010 se incluyó una nueva empresa en el registro comercial de Basilea. Su nombre era Aegis Group Holdings AG. Pocos meses después, el 2 de agosto, se conoció que el grupo había tomado el control de Aegis Defence Services Ltd., con sede en Londres.

Aegis se describe a sí misma como «una empresa líder» en el área de «la seguridad privada y el manejo de riesgos». Como tal, brinda servicios en todo el mundo, incluidos países devastados por guerras, como Iraq y Afganistán.

La reubicación de la compañía tomó por sorpresa al gobierno, y también al público. Se prevé que más empresas militares privadas se mudarán a Suiza intentando sacar provecho de la estabilidad política del país, los bajos impuestos y su imagen pacífica y neutral.

Las compañías militares privadas no difieren legalmente de ningún otro proveedor de servicios de seguridad, y las firmas activas en zonas de conflicto son difíciles de identificar en el registro comercial. El Departamento Federal de Justicia y Policía estima que en el país operan 20 de esas empresas.

Suiza tiene una larga historia de enviar agricultores pobres como mercenarios a campos de batalla europeos. A fines de la Edad Media, los cantones suizos asumieron el papel de mediadores. El declive del negocio de los mercenarios empezó en el siglo XVIII y finalizó con la introducción de la Constitución federal suiza en 1848. A partir de 1859, ya no estuvo permitido combatir en campos de batalla extranjeros.

Desde entonces, la «neutralidad» se convirtió en un elemento fundamental de la política exterior de Suiza y, de un modo mitológico, en una pieza clave de su identidad colectiva. Muchos han visto la llegada de Aegis como una amenaza a la neutralidad del país.

Los políticos suizos han impulsado la creación de un nuevo marco legal para el registro y la extensión de licencias a empresas de seguridad privadas. Josef Lang, entonces consejero nacional y una de las principales figuras del Grupo para una Suiza Sin Ejército, reclamó una prohibición nacional para las compañías militares privadas.

La ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, anunció el 23 de enero una «prohibición a las compañías mercenarias». Dijo que Suiza ya no serviría como base para actividades que violaran los derechos humanos. Pero lo que se anunció como una «prohibición» resultó ser una regulación inútil.

El proyecto de ley prevé la notificación y prohibición de ciertas actividades, pero no de las compañías de seguridad privadas en sí mismas. Prohibe que firmas o grupos empresariales con sede en Suiza «participen directamente en hostilidades dentro de un conflicto armado en el exterior».

En pocas palabras, «esto significa que la nueva ley permite a las llamadas compañías de seguridad actuar en los conflictos armados del exterior y participar indirectamente en las hostilidades», dice Josef Lang. «Cualquiera que piense que en el fragor de la batalla alguien puede diferenciar entre participación 'directa' o 'indirecta' no tiene ni idea de cómo son las batallas actuales», agrega.

Ulrich Petersohn, investigador del Centro para los Estudios sobre Seguridad, dice que, en el derecho internacional, la definición de «participación directa en hostilidades» es vaga y está sujeta a debate. «¿Y dónde termina la autodefensa?», pregunta. «Obviamente, hay una zona en penumbra». Petersohn plantea otro dilema realista: «¿Qué se hace cuando un complejo militar custodiado por personal de compañías militares privadas es atacado?».

El nuevo proyecto de ley también prohíbe a esas empresas «realizar cualquier actividad que aliente a cometer violaciones serias de los derechos humanos». A este respecto, Lang pregunta: «¿Acaso eso significa que está permitido alentar violaciones leves a los derechos humanos?».

El político del Partido Verde cree que la ley no puede obligar a Aegis a irse de Suiza. «Ellos simplemente prometerán no participar directamente en hostilidades en zonas de conflicto, y no hacer nada para alentar violaciones serias a los derechos humanos». No está claro cómo pueden las autoridades suizas controlar las actividades de los mercenarios en el terreno.

Albert A. Stahel, director del Instituto de Estudios Estratégicos con sede en Wädenswil, cerca de Zurich, cree que es posible que la ley reduzca el atractivo que representa Suiza para las empresas militares privadas, aunque las que ya están en el país no tendrán limitaciones. «El Consejo Federal debería haber propuesto a priori una prohibición clara a las compañías militares privadas, declarando claramente que no toleramos a ninguna empresa que participe en guerras», nos dice.

Petersohn tampoco ve que se vayan a imponerse limitaciones legales significativas para Aegis. «Sin embargo, el arma más afilada del proyecto de ley es que se pueden presentar demandas en base a sospechas». Las empresas están ansiosas por evitar la publicidad negativa, y esto puede ponerlas bajo presión, dice Petersohn.

Lang cita como ejemplo la estricta regulación de Noruega. «En vez de prohibir ciertas actividades prácticamente indefinibles, sería más factible aplicar un criterio más controlable. A las empresas noruegas no se les permite que ingresen armas en otros países».

En el plano internacional, Suiza, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, lanzó un proceso que condujo, en 2008, al Documento de Montreux. Este texto intergubernamental firmado por 44 estados contiene una compilación de buenas prácticas, pero no es legalmente vinculante.

Inesperadamente, la ley propuesta por el gobierno suizo no se adhiere a las buenas prácticas sugeridas. El Documento de Montreux promueve medidas para garantizar la transparencia en autorizaciones como la del control por parte de los órganos parlamentarios. El proyecto suizo deja fuera toda medida de transparencia.

No obstante, de aprobarse, la ley obligaría a las compañías militares privadas que operan en Suiza a firmar el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICOC-PSP, por sus siglas en inglés), un marco autorregulatorio que han firmado 592 empresas de este tipo.

Según Stahel, este enfoque es inútil, porque no hay mecanismo para imponer sanciones. Petersohn tiene esperanzas de que esos códigos puedan conducir al desarrollo de normas que impliquen cierto grado de obligatoriedad. El ICOC-PSP sirve principalmente a la imagen de sus empresas firmantes, y mantiene a distancia a otros proveedores de servicios. Petersohn enfatiza que de todos modos las violaciones al código corren el riesgo de dar lugar a campañas de denuncia.

El parlamento suizo debatirá el proyecto de ley, pero no se espera que lo vuelva más severo. «Se ha dado un paso en esa dirección. Sin embargo, el vaso está apenas medio lleno», dice Stahel.

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